El Congreso de Hidalgo aprobó una Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo con la cual los ayuntamientos no podrán otorgar concesiones de servicios públicos que excedan su periodo de gobierno, mientras que las nuevas administraciones locales estarán en facultad de prolongar o rechazar la continuidad de contratos y servicios, hasta por el mismo periodo en el cual estarán al frente del municipio.
En sesión ordinaria de este viernes, por unanimidad, los legisladores locales avalaron el dictamen 714, el cual puntualiza la temporalidad a las concesiones otorgadas a empresas y otros arrendadores de servicios a los ayuntamientos, con el fin de generar certeza para las finanzas de las arcas locales y no dejar a las próximas administraciones con convenios leoninos y que generen sangrías a su presupuesto.
En nuestro estado, son comunes las noticias de que determinados servicios públicos municipales son concesionarios a particulares, los cuales muchas veces la concesión de estos servicios es por periodos ilógicos y exagerados de tiempo, y así nos encontramos concesiones a empresas particulares por periodos de 10 años o más, lo anterior contra toda lógica administrativa y de representación”, expone parte del texto que leyó el diputado Fortunato González Islas.
La reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, a su artículo 153 y 159, se puntualiza, no es privativa de la posibilidad de que las concesiones trasciendan el periodo de los ayuntamientos, simplemente establece que los nuevos ayuntamientos podrán prorrogar las mismas siempre, cuando cumplan con el objeto de la misma, la necesidad del servicio siga existiendo y el contrato de concesión no lesione los intereses económicos del municipio.
Esto le brinda al ciudadano una mayor garantía de que la persona física o moral beneficiaria de la concesión cumpla con el objeto de la concesión y evita la existencia de concesiones leoninas, ineficientes o innecesarias”, puntualiza el dictamen.
De acuerdo con las reformas aprobadas, el ayuntamiento deberá aprobar y publicar la determinación relativa a la necesidad de otorgar en concesión el servicio público del que se trate, motivando la imposibilidad de prestarlo directamente o la conveniencia de otorgarlo en concesión; además, ahora establece que esos convenios solo podrá otorgarse, como máximo, por el periodo de vigencia de la administración pública municipal que la conceda.
En tanto, la siguiente adecuación refiere que “un nuevo ayuntamiento podrá prorrogar las concesiones de la administración anterior, hasta por el periodo que dure la nueva administración municipal, realizando en su caso adecuaciones a la misma” y cumpliendo diversos requisitos, señala el artículo 159 de la ley.
ANTECEDENTES EN PACHUCA
El ayuntamiento de Pachuca es ejemplo de casos en los cuales las administraciones otorgan concesiones que rebasan su periodos de gobierno, con convenios de hasta 15 años, los cuales heredaron a sus sucesores.
Uno de los más controvertidos fue la concesión para la instalación y operación de parquímetros en la ciudad de Pachuca, misma que se otorgó a la empresa Comuni Park SA de CV por parte del entonces alcalde Eleazar Eduardo García Sánchez, en 2015, durante la recta final de su gobierno. El contrato blindaba a la empresa ComuniPark con 10 años de servicio por el cobro de estacionamiento en la vía pública, mismo que se no ser respetado o ser cancelado por las siguientes administraciones le dejaría a la firma una compensación de 197 millones de pesos.
Actualmente, este contrato fue anulado por las autoridades jurisdiccionales; asimismo, la empresa debe para al ayuntamiento de 216 millones de pesos.
Otro episodio en ese mismo gobierno priista fue la concesión por 15 años que otorgó García Sánchez a la empresa Publirex Centro SA de CV para la colocación de publicidad una treintena de puentes peatonales en la capital del estado.
El contrato, el cual trascendió tres gobiernos locales, también generó estragos en la infraestructura urbana, de acuerdo con las actuales autoridades del municipio, pues afectan el puente del Hospital General de Pachuca, pues las estructuras publicitarias y las fuertes ráfagas de viento en la ciudad hicieron palanca y lo dejaron inoperante, por lo cual deberán demolerlo.
Por esta situación también se emprenden acciones legales ante el Tribual de Justicia Administrativa estatal para dejar sin efecto el contrato ante el incumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa.
A su vez, García Sánchez fue detenido, vinculación a proceso y posteriormente aceptó su culpabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado derivado de la firma de contrato con Publirex por 22 millones 339 mil pesos.
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