La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez consideró que hay condiciones de que los municipios asuman la responsabilidad presupuestaria para incrementar los salarios de los policías locales al umbral mínimo de 16 mil 777 pesos, estimado mensual que percibe una persona afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como plantea la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo que presentó este día.
De acuerdo con la promovente de la iniciativa, a la cual se sumaron siete legisladores de las fracciones de Morena, Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se busca la dignificación de los uniformados municipales, ya que viven en condiciones precarias por el sueldo que perciben.
“Tenemos creo que las condiciones en los municipios, presupuestarias, también para que se puedan ajustar, ya que los municipios cuentan con un rubro específico para seguridad y que tenemos la certeza desde luego, y yo creo que también en eso coinciden en legislaturas anteriores, de que si los policías cuentan con un salario digno, su labor será más eficiente”, aseguró la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia.
Afirmó que esa tarea ya fue implementada por el gobernador Julio Menchaca Salazar con los policías estatales, por lo que persiste ese pendiente con los uniformados locales.
La propuesta pretende añadir en la ley que dentro de las atribuciones de los presidentes municipales está la de dotar de condiciones idóneas salariales y prestaciones a los policías, planteó, por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
“Esperemos y vamos a hacer esas mesas de trabajo y reuniones con los presidentes municipales para que pueda avanzar esta iniciativa, creo que ayudaría muchísimo”, recalcó.
Durante el planteamiento de la propuesta, la panalista señaló que es indispensable que los uniformados reciban una remuneración justa y tengan acceso a servicios de salud que cubran sus necesidades y las de sus familias.
Dijo que algunos elementos municipales tienen salarios muy inferiores con relación al nivel de riesgo al que se enfrentan para la realización de su trabajo y la prestación de sus servicios en beneficio de la sociedad.
Indicó que están por debajo de lo que establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el salario mensual no podrá ser inferior al promedio registrado ante el IMSS, que alcanzó los 16 mil 777 pesos.
La diputada expresó que en algunas zonas rurales como la región Otomí-Tepehua los sueldos policiacos van de 3 mil 700 y 11 mil pesos mensuales, por debajo de las necesidades básicas para mantener un nivel de vida digno, expuso.
“Con esta propuesta, en términos de lo que establece nuestra Constitución, los sueldos a policías, aún los estatales y municipales tiene que ser homologados hacia un mínimo cercano a los 16 mil 700 pesos mensuales, lo que hace aún más evidente la brecha entre los niveles de gobierno y la necesidad de adecuación en el ámbito estatal y municipal”, dijo.
La propuesta de reforma establecen que son atribuciones del secretario de Seguridad Pública promover, en el ámbito de su competencia, la garantía de acceso a un salario digno a los integrantes de los cuerpos policiales del Estado y su acceso a un seguro de gastos médicos.
Asimismo, que los alcaldes hagan lo propio para que los elementos integrantes de las instituciones policiales locales.
En tanto, plantea que son derechos de los y las uniformadas una remuneración justa y proporcional a los riesgos inherentes a su función, con garantías de un salario digno conforme a los principios constitucionales, además de que la remuneración que reciban no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
La presente iniciativa no representa un impacto presupuestal adicional para el estado, ya que los costos asociados a su implementación serán cubiertos con recursos propios por los 84 municipios de la entidad. De esta manera, se garantiza la viabilidad financiera de la propuesta sin generar una carga adicional para el erario estatal, permitiendo que cada municipio asuma la responsabilidad correspondiente dentro de sus facultades presupuestarias y administrativas”, indica la propuesta.
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