La política de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes ha exhibido la falta de previsión de las autoridades en caso de deportación masiva de connacionales, pero también la necesidad de tratar a las personas en tránsito por México con la misma dignidad que pedimos para los paisanos.
Ante el regreso del republicano a la Casa Blanca para un segundo periodo presidencial, las autoridades estatales reconocieron falta de recursos para la atención a los compatriotas que sean repatriado y la necesidad de incrementar el presupuesto destinado. Armaron mesas con autoridades municipales y federales para decirse con qué programas cuentan y todo de lo que se carece.
A finalizar enero, primer mes de la administración del republicano, fueron deportados 371 hidalguenses, 202 correspondiente a los últimos 19 días del gobierno de Joe Biden y 169 a los primeros 12 del magnate. De ellos, únicamente cinco se habían acercado a Secretaría del Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo y a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) para solicitar apoyo.
La mayoría, indican las cifras preliminares, regresa al estados sin un garantía de apoyo para continuar en su nuevo escenario de vida -en el lugar del que salieron para mejorar sus condiciones-, únicamente con lo que sus familias los reciben.
Del otro lado de la moneda, también se hicieron visible los extranjeros, los otros migrantes, que transitan por Hidalgo y otras entidades del país en busca llegar a la frontera norte para tener una oportunidad (documentada o no) en Estados Unidos, cuya meta se vio frenada con la política antiinmigrante de Trump y el refuerzo de la línea divisoria con militares mexicanos.
Las primeras medidas de contención que se observaron ante las amenazas de incrementos arancelarios, además del acuerdo de refuerzo de la frontera con fuerzas castrenses, fueron los retenes carreteros en Hidalgo por parte del INM para revisar unidades del transporte público y verifica el estatus legal de las personas provenientes de otros países.
Ante el discurso de odio desde la Casa Blanca hacia la migración, principalmente a la proveniente de México, es importante que las autoridades mexicanas de los tres niveles traten con la misma dignidad que piden para los connacionales a las personas extrajeras que pasan por el país con la intención de llegar al país del norte para tener mejores condiciones de vida.
Tampoco se debe trivializar este fenómeno como penosamente hizo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Hidalgo, Ana Parra, a quien le pareció gracioso y apropiado ingresar con un puño de funcionarios -incluidos de la ONU- para imitar el periplo del migrante.

Editor general, reportero