La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, confirmó que investigan la agresión a un reportero por policías durante la cobertura de las diligencias para la toma de restitución de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, efectuada ayer en Tula, y mencionó que el organismo cuenta con un mecanismo de protección ante la falta de uno en el estado.
La apertura de la queja de oficio CDHEH-VT.TA-0051-26 se deriva de los hechos registrados en la transmisión del reportero Alejandro Torres Castañeda, de Noticiero Retrovisor. En el caso de la reportera Beatriz Flores González, del medio Presencia Hidalguense, a quien impactó un petardo, el área de Comunicación Social del organismo dijo no tener conocimiento de la agresión.
En la región, confirmó el ente público, se abrieron dos quejas relacionadas con violación de derechos humanos a periodistas, por ese y otro hecho.
Parra Bonilla mencionó que la CDHEH cuenta con un programa para defender el ejercicio periodístico, del cual dará detalles posteriormente, ante la ausencia del mecanismo estatal de protección a periodistas por parte del gobierno de Hidalgo.
Lo estamos investigando y también estamos investigando algunas otras cosas, porque en el estado no hay mecanismo de protección para periodistas, pero nosotros sí tenemos un programa que lo haremos de conocimiento para ustedes y acompañarles en su defensa”, señaló la ombudsperson.
AGRESIÓN A REPORTERO
Durante la transmisión por la toma de la cementera se observa que el reportero de Noticiero Retrovisor acude al sitio del conflicto, donde se encuentra con varios policías del mando coordinado en Tula de Allende. Al verlo le piden que se retire, ante lo cual se identifica como comunicador.
Los elementos de seguridad le piden que haga su cobertura más lejos, a 200 a 300 metros de la zona.
En reiteradas veces le dicen que se retire, por lo cual se va desplazando poco a poco de reversa, sin dejar de grabar. Los agentes le ordenan dar la vuelta e irse para que deje de registrarlos en vivo.
Después de hacer recorridos por el punto del conflicto, es rodeado por policías y no de ello, a un costado suyo, lo somete. Luego el reportero pide auxilio y la toma de la grabación se va al suelo, lo que deja a la transmisión sin imagen lo que sucede, solo con el audio: se escucha que los uniformados le exige una credencial para acreditar que es integrante de medios de comunicación.
El hecho se derivó de la cobertura por la toma de planta de Jasso, en Tula, efectuada por elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, durante la madrigada del 12 de febrero, en la que 33 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).