La titular de la Secretaría de Hacienda de Hidalgo, María Esther Ramírez Vargas, indicó que existe un proceso de extinción de dominio de cuatro inmuebles, con un valor conjunto de 3 millones 143 mil 869.06 pesos, los cuales apenas serán los primeros activos que tendrá el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado (IHDPR) a más de dos años de su operación.
El recurso es apenas una tercera parte del presupuesto 2025, de 9 millones 328 mil 262 pesos, del ente que dirige Carlos Arturo Sánchez Lugo.
En entrevista, dijo que esas propiedades fueron puestos a disposición por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH). Cuando se concrete el proceso legal, el instituto deberá administrarlos y monetizarlos.
En este caso es una de las funciones, monetizar, administrar estos bienes decomisados, abandonados, son varios supuestos, y pues ya una vez realizado y una vez que los hayan enajenado, sí, efectivamente tendría que ver cuál va a ser el destino final de esos recursos”, expuso.
De acuerdo con Hacienda, los bienes son dos predios rústicos ubicados en Tepetitlán y Francisco I. Madero y dos bienes inmuebles en Tizayuca y Tepeapulco, mismos que pertenecen a particulares y “que por alguna cuestión jurídica los pone a disposición la procuraduría”.
Expuso que ninguna de esas “pequeñas” propiedades tiene que ver con la recuperación de bienes del esquema de desvío de recursos denominado Estafa siniestra.
La funcionaria indicó que estos apenas son los primeros espacios a los se buscan extinguir la propiedad a sus dueños, pues justificó que llevan “un proceso”; sin embargo, adelantó que hay más inmuebles sobre los que se está trabajando para ponerlos a disposición del IHDPR.
Algunos ya los tiene a disposición, solo que están en proceso los avalúos (…) No es nada más de poner a disposición tal o cual inmueble, sino que lleva todo un proceso judicial, entre ellos, importante, los avalúos. Si no cuentan con un avalúo, pues no puede pasar a ese siguiente proceso”, agregó.
Cuestionada si mantener el IHDPR es costeable en función de los bienes que ingresa (aún no tiene) y el presupuesto de casi 10 millones de pesos que se le destina este año para su operación, la secretaria dijo que “tiene varias funciones”.
De acuerdo con la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Hidalgo, el Gabinete Social, integrado por diversas dependencias, debe determinar el destino de los recursos enajenados que administre el instituto.
VAN 150 MDP DE LA ESTAFA, PERO NO AL IHDPR
La funcionaria indicó que el proceso de recuperación de dinero vinculado con la Estafa siniestra, un esquema de desvío de recursos estatales, suma 150 millones de pesos.
Sin embargo, justificó que ese recurso no ingresó al instituto para su administración porque el dinero “tienen una trazabilidad”: salieron de una cuenta bancaria específica y a esa misma tiene que regresar, pues ya son “auditables”.
La ley es clara, la ley que creó el instituto, o sea, su función es, habla de administración de bienes en numerario, pero precisamente de casos como este (de los inmuebles enajenado), de casos donde el instituto puede y debe realizar la monetización de esos bienes”, expresó.
Indicó que parte de ese recurso se ha destinado al convenio con la Secretaría del Bienestar federal para la atención de las personas con discapacidad, en el cual gobierno estatal pone la mitad y la federación, el resto.
Todavía tenemos disponibles alrededor de 100 millones de pesos que se van a destinar finalmente”, expuso.
Editor general, reportero
