La cabeza de un animal que asemeja a la de perro, la cual fue difundida por la Dirección de Reglamentos de Tizayuca tras un operativo de clausura en un puesto de barbacoa, fue desechada por los inspector, dijo la presidenta municipal Susana Ángeles Quezada, por lo que no se puede si era de can o de borrego.
Aunque los inspectores tomaron fotos de la mercancía de “todo lo que advierten” y pese a que -dijo- las mismas generaron duda entre la opinión pública sobre “la procedencia del animal”, los funcionarios procedieron a desechar la evidencia por “de perecederos”, justificó.
La alcaldesa dijo que únicamente instruyó a los inspectores de Reglamentos a dar parte a la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud (SSH) para su análisis, pues el ayuntamiento no tiene capacidad ni facultad para determinar la procedencia de la carne. Sin embargo, los funcionarios locales desecharon la cabeza.
Me dice el personal operativo que ellos, por desconocimiento de la situación, al tratarse de perecederos, desecharon todo lo que tenía que ver con cosas que pudieran echarse a perder, y ya no fue posible hacer la comprobación”, indicó.
Insistió en que el gobierno no tiene “una opinión al respecto” al no ser parte de sus facultades ni control “sobre lo que la gente opina” sobre los hechos ocurridos en la avenida Juárez, a la altura del lugar conocido como Los Conos.
Indicó que el área de Desarrollo Económico local se reunirá con la asociación de barbacoyeros para establecer actividades que den a conocer a la gente el procedimiento de la preparación, “de dónde provienen los animales”, las reglas de higiene que siguen y la ubicación de los establecimientos.
NIEGA ABUSO, ORDENA INDAGATORIA
Sobre los señalamientos del dueño del establecimiento de abuso de autoridad por parte de los inspectores, la morenista negó abuso o retención de personas, pero dijo que está “abierta” a analizar el actuar de los servidores.
Ángeles Quezada indicó que ordenará una investigación del caso al órgano interno de control.
Agregó que el barbacoyero, quien acusó una campaña de desprestigio por parte de la edil, fue notificado a principios de agosto para solicitarle, entre otros establecimientos, su licencia de funcionamiento o permiso.
Posteriormente se hizo una segunda visita, al no tener respuesta, se le informó del derecho de audiencia y las posibles sanciones que podrían imponerle. Al hacer caso omiso, dijo, se dio otra notificación y se le advirtió que, si no había respuesta, en 10 días haría un operativo de decomiso.
Tras los cierres y afectaciones a inmuebles gubernamentales efectuadas el lunes, la edil culpó a exfuncionarios municipales de fomentarlo.
Ángeles Quezada exhortó al comerciante a regularizar su actividad comercial.
Editor general, reportero
