Por falta de 12 túneles de descontaminación y seis estaciones de desinfección en el inventario de la Oficialía Mayor del gobierno de Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) observó un monto de 4 millones 91 mil 872.56 pesos a la dependencia que encabeza Orlando Ángeles Pérez, de acuerdo con el reporte de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023.
Dentro de la fiscalización al Poder Ejecutivo, el ente auditor detectó la ausencia de los bienes inscritos en el Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos.
También observó la falta de cuatro lap tops que debían estar en las instalaciones de la dependencia, con valor por 78 mil 388.16 pesos, por lo que tras presentar justificaciones y aclaraciones, subsiste un faltante 19 mil pesos 597.04 pesos.
Con ello, la Oficialía Mayor suma observaciones por 4 millones 111 mil 469.60 pesos, lo que representa 58.2 por ciento de los 7 millones 63 mil 835.18 pesos que debe solventar el Ejecutivo estatal.
La segunda dependencia con más observación es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sedar), con un monto a resarcir de 879 mil 981.77 pesos.
La institución que dirige Napoleón González Pérez no presentó documentación que acredite la recepción de los productos ni se identificó la caducidad no menor tres meses, correspondiente a la adquisición de 3 mil 637 kilogramos de alimento balanceado para peces para cría de carpa y tilapia y 8 mil kilogramos de alimento para engorda, por un monto de 339 mil 983.87 pesos.
En el contrato para la compra de crías de bagre, realizado por conducto de Oficialía Mayor por 299 mil 998.40 pesos, se detectó la falta de documentación justificativa, “toda vez que la entidad fiscalizada no dio cumplimiento a las especificaciones” del mismo, debido a que “los organismos bagre no se encuentran certificados y libres de enfermedades”.
La Sedar tampoco acreditó que “los huevos oculados de trucha arcoíris de alta calidad genética importados de Dinamarca” cuenten con certificado de sanidad acuícola, como lo establece el objeto del contrato, por lo que debe solventar 239 mil 999.50 pesos.
La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (Sipdus) debe acreditar 717 mil 768.32 en obras que fueron pagas y no ejecutadas o que registran sobreprecio.
A la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), el ente fiscalizador señaló un monto de 289 mil 290.08 pesos por bienes muebles que no se encuentran dentro de la dependencia.
De los 717 mil 768.32 pesos observados a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebiso), 679 mil 768.32 son por la no localizó de una camioneta modelo 2013, número de serie WF0RS4HP0DJA50567, toda vez que se entregó en comodato; no obstante, la vigencia del convenio expiró en 2020. Además, un monto de 38 mil pesos otorgado a una organización migrante, “sin que se sujetara al cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Con menores montos fueron detectadas irregularidades en la Unidad de Planeación y Perspectivas, por 57 mil 408.40 pesos, debido a que no se tiene la certeza de qué servicios contratados fueron recibidos, y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPSH), por 59 mil 463 pesos, por el faltante de tres bienes muebles correspondientes a dos computadoras y una cruceta multiusos, de los cuales “la entidad fiscalizada no ha realizado las investigaciones necesarias para su localización”.
Editor general, reportero
