El exoficial mayor Martiniano Vega Orozco malbarató tres helicópteros, valuados en 365 millones de pesos, en apenas una tercera parte de su valor: 116 millones de pesos, por lo que fue imputado -y vinculado a proceso- por un daño patrimonial por casi 250 millones de pesos, indicó el titular de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Martín Bardales Ramírez. Junto al excolaborador del exgobernador Omar Fayad Meneses, también se encuentra involucrada otra persona de su equipo de trabajo en el caso del presunto desvío de 116 millones de pesos cobrados de un seguro catastrófico por la contingencia del huracán Grace y el desbordamiento del Río Tula, en 2021.
En entrevista con Acrópolis Noticias, el funcionario abordó las dos últimas acusaciones que pesan contra el exservidor, quien ha sido vinculado a proceso cinco veces por delitos de corrupción y enfrenta una sentencia de 12 años de prisión por el primer caso en su contra: compra similada de gel antibacterial para enfrentar la contingencia del Covid-19.
Bardales Ramírez aseveró que la denuncia que se presentó contra Vega Orozco por el desvío de 116 millones de pesos del seguro por desastres naturales, por la cual ya fue presentado ante la autoridad judicial, no es reciente, sino de principios de 2025.
Los dos nuevos procedimientos penales en su contra se judicializaron en medio de la emergencia por las lluvias que afectaron 28 municipios en Hidalgo, derivado de la perturbación tropical 90-E.
―¿Desde cuándo ustedes tenían conocimiento y por qué sale a relucir (la denuncia) en este preciso momento, donde hay una contingencia? ―se les cuestionó.
―Nosotros presentamos la denuncia desde enero del 2025, específicamente de lo del seguro catastrófico. Nada más que cuando nosotros presentamos la denuncia, en la procuraduría también tiene que hacer una serie de investigaciones. Y esas investigaciones pues llevan su tiempo ―expuso.
Debido a los tiempos que llevó la indagatoria de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), sostuvo, las denuncias prosperaron en el periodo en el cual impactaron los fenómenos hidrometeorológicos en la entidad.
Bardales Ramírez relató que cuando se hizo efectivo el seguro con Grupo Mexicano de Seguros -al cual la pasada administración contrató en 2021 por 60 millones de pesos-, el dinero fue transferido casi en su totalidad a la empresa Logcom Trading Company SA de CV, bajo una cláusula, para que hiciera las reparaciones por los daños generados por el huracán Grace.
Sin embargo, refirió, no hay evidencia que sustente que haya hecho alguna reparación. Tampoco existe un expediente.
Además, Logcom Trading Company es una firma no identificada que se considera facturera o fantasma, en cuyos domicilios fiscales, uno con oficina de representación, en Pachuca, y otra con dirección en Periférico Sur 3453, en San Jerónimo Líndice, Ciudad de México, no tiene presencia.
Es una empresa que para nosotros es una empresa fantasma, es una empresa de esas denominadas EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) por el SAT, que es una entidad que factura operaciones simuladas: no existe”, indicó.
Tampoco se encuentra en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno estatal, por lo que al observar un probable desvío de recursos la Contraloría procedió a la denuncia, agregó.
No tiene ningún otro vínculo, investigamos nosotros a los socios, que en este caso es Iván Ernesto Vázquez Romero, el representante legal, es lo único que tenemos, es el que firmó los contratos. Es una empresa fantasma”, afirmó.
VENTA DE HELICÓPTEROS, POR MONTO “NO RAZONABLE”
El contralor añadió que en el caso de los tres helicópteros, por el cual fue imputado el exoficial mayor por quinta ocasión, se vendieron por un monto “no razonable” de 116 millones de pesos.
La Contraloría estimó que las naves aéreas tenían un valor de al menos 211 millones de pesos. No obstante, la valuación que hizo la PGJH posteriormente emitió una cifra mayor y arrojó una merma patrimonial de más casi 250 millones de pesos.
Nosotros denunciamos por 211 millones de pesos el 28 de julio (2023), pero solicitando que se hicieran los avalúos correspondientes para determinar el grado de pérdida patrimonial real. Eso llevó también su tiempo, en lo que la procuraduría hizo sus correspondientes avalúos, y también los avalúos determinaron que tenían un valor de comercial de 365 millones de pesos”, expuso.
Antes los cuestionamientos sobre por qué solo se imputan esos delitos a Vega Orozco, dijo que se debe a que él firmó los contratos, tenía la obligación de verificar los avalúos y de apegarse a lo que marca la ley, lo cual, refirió el funcionario estatal, no hizo.
Que por qué todo con el oficial mayor. Con la pena: es el que firma los contratos”, expuso.
Junto al excolaborador de Fayad Meneses, el contralor señaló que hay otro funcionario que tuvo que hacer la administración y verificación del cumplimiento del contrato por el caso del dinero cobrador en el seguro catastrófico.
En ninguna obra del Río Tula recibió ningún beneficio, ese fue el asunto”, expuso.
Sobre esa persona al mando de Vega Orozco, de cuya identidad pidió sigilo por el procedimiento penal vigente, Bardales Ramírez dijo desconocer si ya se giró orden de aprehensión en su contra o su estatus, pues el caso está en manos del Ministerio Público.
Afirmó que el gobierno estatal espera recuperar los más de 100 millones de pesos que fueron transferidas a la empresa “que no existe”.
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