Para exigir la liberación de quienes califican como “presos políticos” y el proceso de revocación de mandato, simpatizantes de los exalcaldes Armando Mera Olguín y Miguel Ángel López Hernández, el exdiputado Edgar Hernández Dañu y la excandidata Diana Marroquín Bayardo, todos encarcelados, se manifestaron este martes afuera del Congreso de Hidalgo.
Proveniente de principalmente de Progreso de Obregón, Tasquillo, Tlaxcoapan, Ixmiquilpan, localidades enclavadas en el Valle del Mezquital, los quejosos se trasladaron a la capital del estado, donde pidieron un proceso justo para los cuatro personajes vinculados con el Partido del Trabajo (PT).
Alrededor de 200 personas con pancartas, lonas y cartulinas arribaron a las inmediaciones del Poder Legislativo para pronunciarse por las medidas judiciales sobre los actores políticos y arremeter contra el Poder Judicial estatal, al que señalaron de ser la “policía política” del gobierno.
Consideraron que ante las imputaciones contra Mera Olguín y López Hernández, exalcalde de Progeso de Obregón y Tlaxcoapan, relacionadas con la administración de sus municipios por uso ilícito de atribuciones y peculado, respectivamente, se puede cambiar la medida cautelar de prisión preventiva para que continúen su proceso en libertad. En su caso, Hernández Dañu está sentenciado a cinco años de prisión por el delito de narcomenudeo y Marroquín Bayardo, procesada por homicidio.
Fuera Menchaca”, se escuchó como parte de las consignas de los manifestantes.
Del gobernador morenista Julio Menchaca Salazar, lo acusaron de emprender “persecución política” contra sus adversarios; en este caso, representes del PT.
En uso de nuestros derechos constitucionales como ciudadanos hidalguenses, expresamos de manera firme y categórica nuestra exigencia para que se promueva y concrete la revocación del mandato del gobernador del estado Julio Menchaca Salazar, por su reiterada traición a los principios fundamentales de la cuarta transformación: no mentir no robar y no traicionar al pueblo”, expresó el orador del posicionamiento frente a los manifestantes.
Aseguró que en su administración ha fomentado prácticas corruptas y simulación en el combate a la impunidad.
Uno de los de los hechos más lamentables ha sido la famosa farsa del supuesto combate a la llamada estafa siniestra, donde lejos de hacer justicia se recurrió a una estrategia de simulación y negociación política en la que se persiguió a unos cuantos para proteger a los verdaderos responsables. Hoy los autores intelectuales, los cuales siguen libres, algunos incluso premiados con cargos diplomáticos o gubernamentales”, acusó.
Afirmaron que al evidenciar el denominado “Cártel de la obra pública”, Mera Olguín, Hernández Dañu y López Hernández fueron perseguidos y criminalizados como disidentes.
Los quejosos también acusaron la venta de candidaturas en Morena en la pasada elección de alcaldes, la cual -aseveraron- fue “avalada” por el mandatario.
En el posicionamiento también mencionaron el caso de abuso sexual contra dos menores en Zimapán, en el cual se vincula como presunta implicada a la diputada con licencia Alhely Medina Hernández, prófuga de la justicia, y afirmaron que existe un encubrimiento del gobierno estatal a una red de pederastia.
El caso más indignante por su gravedad moral y jurídica es la protección que, desde el gobierno estatal, se ha brindado a una red de pedofilia y violadores en el municipio de Zimapán. Las víctimas y sus familias siguen clamando justicia, mientras los responsables gozan de impunidad bajo el manto protector de quien debería defender a la niñez hidalguense”, manifestó el orador.
Por lo manifestado, solicitaron a los diputados el comienzo del proceso de revocación de mandato, aunque la petición se debe realizar ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y después de cumplidos los tres años de gobierno, en septiembre próximo, de acuerdo con la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Hidalgo.
Luego de que ningún diputado salió para atender a los manifestantes, los quejosos dejaron un oficio con su petición en la entrada del Congreso estatal.
Su permanencia en el cargo representa una amenaza para el estado de derecho, para la paz social y para el bienestar del pueblo y hidalguense. No buscamos venganza, sino justicia. No queremos confrontación ni violencia, sino la legalidad. No aspiramos al caos, sino la restauración de los principios democráticos que tantos años ha costado construir. La revocación de mandato no es un castigo, sino un derecho del pueblo para devolverle la confianza depositado, la cual ha sido traicionada”, concluyó el pronunciamiento.
Como parte de su protesta, los manifestantes cerraron la circulación del bulevar Santa Catarina, a la altura del fraccionamiento La Herradura, con bloqueos intermitentes.
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