Transportistas y representantes de las empresas mineras que operan en Zimapán exigieron la intervención del gobierno estatal y federal ante la presencia del denominado Sindicato del Cemento -al cual acusan de ingresar armado al municipio y bloquear caminos-, pues las operaciones en seis minas permanecen cerrada, con pérdidas estimadas, hasta este viernes, en 900 mil dólares.
En conferencia de prensa en un restaurante en Pachuca tras la manifestación efectuada ayer por los trabajadores del sector en Zimapán, ambos gremios acusaron que desde el 25 de agosto de 2024 el entre sindical, liderado por José Neri Ortega Blancas, arribó amenazante con los transportistas al municipio.
Acusaron que tras ser recibidos por el subsecretario de Gobierno, Arturo Sosa Echeverría, y el secretario de de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, no obtuvieron respuesta a su petición de intervención, pues no nunca llegaron los elementos de seguridad que comprometieron. Atribuyeron la inacción a la falta de voluntad política.
Los quejosos piden a los gobiernos estatal y federal garantías para poder seguir trabajando y señalaron tener temor ante el grupo que busca entrar al municipio con “armar de grueso calibre”, al que calificaron de criminal, pues señalaron que pone el riesgos su integridad.
Mario Ramírez Ramírez, representante de transporte de materiales, pidió a la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar dar garantías a las empresa mineras -de las que se extraen minerales metálicos, principal el zinc- para seguir laborando, pues acusó que están “desestabilizando” al no intervenir.
Afirmó que la demarcación vive de esa actividad productiva, por lo que el cierre de minas perjudica la economía de la localidad.
Pedro Villeda Ramírez, del transporte público, aseveró que a medida que pase el tiempo será más difícil que las empresa “que mantiene a Zimapán con vida” vuelvan a abrir, principalmente las de capital extranjero.
Rangel Trejo añadió que la minería genera el 75 por ciento de la economía en Zimapán, con mil 200 empleos directos entre tres empresas, así como 4 mil indirectos.
Los quejosos acusaron a los comisariado de Xodhé, Alejandro Sánchez Arteaga, y a Lucina Ramirez, de San Pedro, de abrir espacio al Sindicato del Cemento sin informar de ello a sus asambleas ejidales.
Advirtió que no quieren “caer” en la conformación de grupos de autodefensa, como ha ocurrido en estado como Michoacán o Guerrero.
MINERAS ACUSAN PÉRDIDAS DE 900 MD
Homero Vega , contador y director administrativo de las mineras La Purísima y Preisan, indicó que realizan el cierre total de actividades por la falta de garantizas, pues dijo que el día del paro tuvieron que sacar a los trabajadores por una zona boscosa.
Afirmó que por 20 y 12 años han trabajado con los grupos transportistas que son de Zimapán, con quienes tienes convenios de trabajo firmados. Indicó que registran pérdidas en ambas por 300 mil dólares.
José Carlos Bravo Melendez, gerente general de la canadiense Carrizal Mining, que -dijo- emplean a 800 trabajares directos y más de 2 mil 500 indirectos, afirmó que la empresa determinó el paro de labores para no exponer a los trabajadores a “golpes o cualquier cosa”, por lo que se sumó a solicitar garantías.
Indicó que, en su caso, en dos días de cierre reportan pérdidas de 600 mil dólares, de los 7 millones de dólares que reportan en ventas mensuales.
En total, el paro mantiene inactivas seis minas; entre ellas, Purísima, Balcón y Guadalupe, en ejidos como San Francisco y San Miguel Detzani, cuya camino común está bloqueado por el sindicato.
Agregó que cuentan con más de 95 por cuento de firma de la población que no quiere el ingreso del sindicato.
Los quejosos agregaron que la caravana que salió por la mañana de Zimapán con rumbo a Pachuca, con alrededor de 160 camiones y camionetas, permanecerá afuera de palacio de gobierno si no les hacen caso. Esperan ser atendidos por el gobernador.
Editor general, reportero