El exdirector de Administración y Finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Cassim) Salvador Torres Arqués fue detenido por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, por la contratación de servicios que no se llevaron a cabo.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), la detención fue ejecutado por elementos de la División de Investigación el pasado 28 de junio en la Ciudad de México.
Los hechos que se le imputan al exfuncionario de la administración de Omar Fayad Meneses ocurrieron, en su carácter de director de Administración y Finanzas de la Caasim, el 11 de marzo de 2022, cuando celebró un contrato con la persona moral Nort Solucions S de RL de CV.
En dicho acuerdo se estableció que por 44 millones 80 mil pesos la empresa debería cumplir con la prestación de servicios de consultoría y asesoría para la preparación, alineación, evaluación y gestión, con fines de certificación en atención al ciudadano en el sector público, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especial para la Investigación de la denominada Estafa Siniestra, el 23 de marzo de 2022, el imputado, como responsable de administración de los recursos de dicho organismo descentralizado, solicitó se realizara el pago inmediato del servicio contratado, lo que se hizo el mismo día mediante una transferencia bancaria a Nort Solucions.
Según la PGJH, el pago fue ilegal porque se llevó a cabo sin que la persona moral brindara el servicio contratado, pese a que fue solventado con numerario que constituía un fondo público, ya que fue solicitado mediante oficio con fecha 24 de febrero del año 2022 a la entonces Secretaría de Finanzas públicas de Hidalgo.
Con base en estos datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público, la persona aprehendida fue presentada ante un juez de control en audiencia inicial y solicitó su vinculación a proceso por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
Sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se defina su situación legal, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para llevarse a cabo el próximo 3 de julio de 2024 a las 14:00 horas.
El exfuncionario permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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