Protección a flora y fauna endémica, campañas de concientización, la configuración de planes estratégicos en materia hídrica, así como un sitio de disposición final regional de residuos sólidos urbanos, son los puntos que deben de atender las autoridades estatales, federales y municipales para cumplir con la declaratoria de zona de restauración ecológica el área de influencia de la presa Endhó.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente Andrés Manual López Obrador publicó ayer el decreto que determina el área a restaurar por los estragos de la contaminación en ocho municipios – Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende-, que convergen con el cuerpo de agua ubicado de la zona de Tula y abarcan más 36 mil 637 hectáreas de impacto, mismo que entró en vigor este 27 de septiembre.
Para lograr el objetivo de restaurar el área vulnerada y regresarla a su equilibrio ecológico, los artículos transitorios establecen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal tiene un plazo máximo de ocho meses para iniciar las labores de formular y expedir el programa de restauración ecológica.
Señala que el programa y los proyectos de restauración de la zona deben concluir en un plazo máximo de 12 años, contados a partir de su emisión, por lo cual en el supuesto que la Semarnat lo publiquen hasta mayo de 2025, deberán ser contratados a más tardar en 2037.
En su artículo tercero, el decreto indica que la dependencia federal, en conjunto con las entidades paraestatales sectorizadas a ella y demás entidades involucradas, deben emprender un total de 32 acciones para lograr el objetivo.
Entre las diversas tareas a realizar durante una docena de años para la restauración ecológica se encuentra la disposición de los residuos sólidos urbanos en la zona de influencia de la presa Endhó.
Para ello los gobiernos municipales de la zona de restauración ecológica deben colaborar en la realización de un estudio de factibilidad técnica y económica para el establecimiento de un sitio de disposición final regional de basura que cumpla con la NOM-083-SEMARNAT-2003, para un manejo ambientalmente racional.
A esto se suma que los gobiernos municipales de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende, junto al gobierno de Hidalgo, tendrán que elaborar un programa de cierre y saneamiento de los basureros y tiraderos a cielo abierto locales.
Otro punto medular del decreto implica la creación de un Plan Hídrico Regional para la zona, que se alinee con planes para reducir las descargas contaminantes del drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que conlleva una serie de acciones como el saneamiento de aguas residuales descentralizadas y poner atención al acuífero del Valle del Mezquital.
Implementar durante la ejecución del programa de restauración un programa de monitoreo trimestral de la calidad del agua en ríos dentro de la zona de restauración ecológica y en pozos dentro del acuífero del Valle del Mezquital”, resalta el punto 23 del decreto.
También se deben de implementar acciones de mejora en el desempeño en la operación óptima de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, así como el control de sus emisiones a la atmósfera, y establecer un plan de aprovechamiento de lodos.
Dentro en la zona de restauración ecológica se busca determinar las especies presentes, identificar a aquellas que requieren protección y diseñar programas específicos para su recuperación y conservación; para ello, se prohibe su caza.
También se ordena la implementación de programas de monitoreo y control de especies invasoras como el heno motita y lirio acuático, al igual que acciones de protección forestal para prevenir, combatir y controlar plagas forestales, reducir el deterioro de los ecosistemas y reforestación para la preservación del Parque Nacional Tula.
Además, la federación pide al gobierno de Hidalgo y de los ocho municipios que promuevan ante empresas y organizaciones de la región, bajo mecanismos locales de pago por servicios ambientales, a través de fondos concurrentes del programa, apoyos para el desarrollo forestal sustentable.
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