La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez afirmó que comenzará un juicio político contra el alcalde morenista de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, pues acusó conductas como nepotismo, corrupción y violencia política en razón de género contra las regidoras de su partido, Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), en el Cabildo.
La coordinadora de la bancada panalista en el Congreso de Hidalgo presentó una propuesta de exhorto luego de que la semana pasada, tras una conferencia de prensa sobre una denuncia contra cuatro exalcaldes por quebranto por 3.5 millones de pesos, el presidente municipal acusó a las asambleístas turquesas de condicionar su voto a favor de sus propuestas y de no apoyarlo. Refirió que Dolores Gómez Islas y Alma Rosa Escorcia Castelazo han solicitado recursos adicionales para gastos como gasolina y cuotas dentro de la administración pública.
En tribuna, la legisladora por el distrito local de Tepeapulco acusó un atropello contra sus compañeras de partido, pues aseguró que Montaño Rodríguez las denostó al referir que solicitaban muchas dádivas, por lo cual se presentó una denuncia formal por violencia política de género, sostuvo.
Entre los señalamientos contra las aliancistas se encuentra no acompañar las decisiones del morenista en el Cabildo y “no alinearse al proyecto político personal del alcalde”, lo cual, agregó, es una conducta contraria a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que -sostuvo- configura violencia política en razón de género.
“El enojo real del presidente municipal en contra de las y los regidores y por el cual se ha empeñado en violentarlos y desacreditarlos, es porque existen diversas denuncias documentadas sobre presuntos asuntos de corrupción y nepotismo, tales como la contratación de personal con vínculo familiar directo con la contralora municipal, sin que dicha persona se presente a trabajar; es decir, un caso de aviador”, manifestó Reyes Martínez.
Añadió que hubo nepotismo en la designación de un familiar del alcalde en la Dirección de Obra Públicas, que -aseveró- cuenta con antecedentes penales por desvíos de recursos públicos.
También señaló irregularidades en la nómina y plantilla del personal con nombres inexistentes o personas que no acuden a laborar, detectadas en comprobantes fiscales digitales, dijo.
Agregó alteración de bitácoras de combustible, eventos públicos con sobrecostos, adquisiciones de pipas de agua a precios inflados, omisión de obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por manejo de recursos federales, quejas que ya se remitieron a la Secretaría de la Contraloría y al órgano de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), aseguró.
Cabe destacar que existen testimonios de directores municipales que fueron presionados para no hablar con los auditores estatales, lo cual podría constituir un delito en términos del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Es importante mencionar que dos regidoras del ayuntamiento de Epazoyucan pertenecen al sector educativo; es decir, son orgullosamente maestras”, refirió sobre sus compañeras de partido.
Al rechazar la conducta que señaló como hostigamientos, la legisladora adelantó que iniciará un procedimiento contra el alcalde de Epazoyucan.
Quiero expresar que como diputada iniciaré el proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Epazoyucan, con base en los artículos 149, 150 y 154 de la Constitución del Estado de Hidalgo, ya que existen suficientes elementos que muestran que ha cometido faltas graves que afectan el buen funcionamiento del ayuntamiento y dañan los derechos de las regidoras”, sostuvo.
Tras lo expresado por la panalista, el diputado emecista Alejandro Alcántara Carbajal solicitó que, ante la gravedad del caso por verse vulnerados y “pisoteados” los derechos de las representantes del ayuntamiento de Epazoyucan, la propuesta de exhorto se votara como asunto urgente, lo cual fue avalado por unanimidad de 21 legisladores presentes.
Con ello, el Congreso local principalmente pidió al alcalde abstenerse de cometer violencia política; a la Contraloría y la ASEH, investigar el actual presuntamente irregular de Montaño Rodríguez; al Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, emitir un pronunciamiento preventivo, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, intervenir con medidas cautelares a favor de las asambleístas.
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