Autoridades estatales detuvieron a 120 personas que presuntamente buscaban apoderarse de forma violenta de las instalaciones de la cementera de la Cruz Azul, ubicadas en Tula de Allende, a las cuales atribuyen la postración de armas blancas y una pistola; en tanto, el grupo que posee el control de la planta, encabezado por Federico Sarabia Pozo, y el otro de Víctor Velázquez Rangel, que encabeza la cooperativa en el resto del país, se deslindaron de los hechos.
En conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad y fuerzas federales informaron que alrededor de las 5:30 horas de este lunes en la localidad de Jasso, Hidalgo, aproximadamente 300 personas arribaron desde Estado de México en cuatro autobuses y camionetas, ante lo cual se aplicó un protocolo de seguridad por parte de Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como policía estatal y municipal de la zona.
Hoy desde muy temprano, a 5:30 a 6 de la mañana, nos enteramos desde la llegada de los vehículos que se presume provenían de la Ciudad de México (sic); es decir, no tuvieron tiempo de generar una acción violenta”, aseveró en el secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reyna.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, secundó la mención y dijo que se actuó “de forma inmediata” en el operativo, con el cual aseguraron a 120 personas, quienes en la camioneta y uno de los autobuses portaban palos, machetes y un arma 9 milímetros con cinco cargadores, tres de ellos debidamente abastecidos.
La reacción fue muy rápida, gracias a ello evitamos, como dijo el secretario de Gobierno; una catástrofe mayor; son aproximadamente 300 personas las que venían y venían con esa intención de apoderarse de la planta”, sostuvo.
Aunque fue constante la pregunta de los medios de comunicación sobre si entre el grupo de detenidos se encontraban menores de edad, las autoridades dijeron desconocerlo por el momento.
Tampoco confirmaron si sus integrantes son cooperativistas de la Cruz Azul o si solo son grupos de choque contratados por los mismos; igualmente, no se dio por acreditado que pertenezcan al grupo que mantiene el control de las otras plantas y negocios de la cementera en el país, liderado por Velázquez Rangel.
Respecto a los aproximadamente 180 personas que no pudieron detener, Cruz Neri refirió que lograron huir al ver la presencia de elementos de Seguridad, rumbo al Estado de México, entidad por la que entraron a Hidalgo.
Aunque aseguró que se dio aviso a las autoridades del Estado de México, no tienen conocimiento de que hayan asegurado a alguien relacionado con el grupo que arribó en unidades con placas del esa entidad y de Oaxaca.
Por su parte el subprocurador de la Zona Poniente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH), Iram González Pérez, mencionó que por los hechos ocurridos en las inmediaciones de la cementera de la Cruz Azul ya se abrió una carpeta de investigación para “deslindar responsabilidades”.
Los hechos que presumiblemente se le puedan imputar a los detenidos son homicidio en grado de tentativa, despojo en grado de tentativa, lesiones, amenazas y hasta delincuencia organizada; sin embargo, las investigaciones arrojarán si se configuran este tipo de ilícitos, dijo.
El subprocurador añadió que actualmente existen cuatro carpetas de investigación por hechos dados a raíz del conflicto entre cooperativistas: la iniciada hoy y tres más en integración derivadas de los acontecimientos de abril de 2022, cuando ocho personas fallecieron por hechos de violencia para intentar tomar la planta.
ASUNTO “ENTRE PARTICULARES”
Aunque Olivares Reyna dijo que esta es un “asunto entre particulares”, hizo un llamado a ambas partes a que resuelvan el conflicto que, dijo, data de 2018 por el control de uno de los activos de la cooperativa de la Cruz azul.
El encargado de la política interior pidió llegar al diálogo y con ello evitar un conflicto de “mayores proporciones” en detrimento de la producción de la zona y de la paz social de ese punto del estado, pues la planta se mantiene sin operaciones debido al conflicto legal que calificó como “complicado” jurídicamente.
Por su parte, mediante diversos desplegados, trabajadores de la cooperativa de la Cruz Azul en Tula de Allende, misma que lidera Sarabia Pozos, reprobaron los actos de provocación y el intento de “despojo” por parte de un grupo de personas, a quienes señalan de ser mandados por Velázquez Rangel.
Denunciamos este acto de provocación, consideramos que es una acción más que busca desestabilizar y desacreditar nuestro movimiento”, expone.
A nombre de socios, trabajadores de planta y empresas del Grupo Cruz Azul, solicitaron a las autoridades correspondientes que atiendan la problemática, toda vez que -dijeron- desde hace cuatro años el ente disidente es agredido “una y otra vez”.
Por otra parte, el grupo de Velázquez Rangel, a través de trabajadores y socios de la cooperativa, se deslindó de los acontecimientos de esta mañana y la presencia de grupos que portaban armas y pretendían hacerse a la fuerza de la planta cementera.
Cooperativa La Cruz Azul se deslinda categóricamente de los presuntos hechos de violencia ocurridos la mañana de este lunes 23 de septiembre en las inmediaciones de su planta cementera, ubicada en la ciudad de Tula, Estado de Hidalgo”, inicia el comunicado de prensa.
También exhortó a las autoridades locales para hacer cumplir el Estado de derecho, “violentado desde hace años por el grupo delictivo que mantiene el control ilegal de dichas instalaciones” de Tula.
