El ayuntamiento de Tizayuca, en conjunto con organismos municipales descentralizados como la Comisión de Agua y Alcantarillado local (CAAMT) y el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda (Imduyv), suman 51.6 millones de pesos en irregularidades detectadas, la mayoría por pagos indebidos, obras no ejecutadas o deficientes, recursos reclasificados a otras cuentas y sofwares inoperantes.
Después de la presentación del informe de la Cuenta Pública 2022 en su segunda entrega, una de las demarcaciones con más observaciones económicas en esta inspección a los recursos públicos es el municipio que gobierna la morenita Susana Ángeles Quezada, a través de los dos entes y el gobierno central.
El ayuntamiento registra observaciones por 13 millones 93 mil 857 pesos, bajo 11 pliegos de carácter económico, en rubros como obra ejecutada con recursos del REPO 2021 para la pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Emiliano Zapata, con deficiencias en el proceso constructivo por 851 mil 624 pesos, pues mediante pruebas de laboratorio se determinó que el concreto hidráulico no cumple con los espesores especificados.
Caso similar ocurrió en la pavimentación de concreto hidráulico, pagado con el mismo fondo, en la calle Segunda Cerrada de Toluca, en Huitzila, por un millón 416 mil con 21 pesos.
También se detectó la falta de documentación sobre servicios de consultoría por 336 mil 139 pesos y pagos indebidos en servicios de informática por 34 mil 800 pesos, pues la alcaldía posee personal para realizar esas actividades;
En la partida de Indemnizaciones, la ASEH señaló pagos improcedentes por un millón 724 mil 226 pesos debido a la falta de convenios, sentencias y laudos laborales por la entidad correspondiente.
El monto más grande por solventar corresponde a 6 millones 371 mil 832 pesos de la falta de evidencia fotográfica geolocalizable de 2 mil 239 lámparas por parte del gobierno de Ángeles Quezada.
A ello se suman adquisiciones efectuadas por el gobierno de la morenista sin la autorización de la Asamblea municipal, como bienes informáticos por un monto de 272 mil 490 pesos, así como equipo de transporte por un millón 759 mil 815 pesos adquiridos con recursos del 2021.
Además en el concepto de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se detectó la falta de erogación por 527 mil 315 pesos del ejercicio 2021, derivado del registro de impuestos por pagar.
MAYOR OBSERVACIÓN, EN INSTITUTO QUE DIRIGE ESPOSO DE ALCALDESA
La mayor cantidad observada al municipio por parte de la ASEH no se ubica en la alcaldía, sino en el Imduyv, organismo que dirige Jorge Luis Martínez Ángeles, esposo de la alcaldesa.
El monto por solventar, que casi duplica las observaciones al ayuntamiento, es por 24 millones 210 mil 491 pesos, corresponde principalmente a dos puntos: la reclasificaron de recursos en los conceptos de Terrenos regularizables y Terrenos transferibles a dos rubros distintos.
El primer monto reclasificado es por 15 millones 308 mil 107 pesos, el otro por 3 millones 859 mil 754 pesos. Además, por 231 mil 725 pesos, el concepto de Infraestructura publicitaria también fue redireccionado.
Esto significa, según la ASEH, la generación de “una disminución indebida en el patrimonio del organismo y un daño a la hacienda pública”, sin contar con la documentación justificativa ni el dictamen de una autoridad competente para realizar la asignación o cambio de destino, desincorporación o disposición final.
Otro importe observado corresponde a 4 millones 10 mil 244 pesos en pagos improcedentes a favor de la Secretaría de Finanzas Públicas, por concepto de pago del 30 por ciento derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos; ello, pues Tizayuca no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano vigente.
También se presume en este organismo descentralizado municipal la venta indebida de dos vehículos propiedad de la entidad fiscalizada, por 160 mil pesos, así como falta de comprobación en el gasto de mantenimiento de inmuebles y pagos improcedente por combustibles, entre otros.
En tanto, la CAAMT, a cargo de Sergio Abinadab Soto Hernández, tuvo observaciones por 14 millones 372 mil 988 pesos por pagos indebidos, software inoperantes contratados, así como descuentos a pagos a empresas y constructoras, de acuerdo con el informe de la auditoría estatal.
La ASEH detectó descuentos indebidos por 2 millones 680 mil 489 pesos derivado del cobro del agua potable durante 2022, los cuales son improcedentes por no estar autorizados por el Congreso de Estado y no se publicaron en el Periódico Oficial de Gobierno.
Caso similar ocurre en descuentos indebidos por 482 mil 604 pesos con motivo del Buen Fin, en noviembre del año pasado, registrados en la cuenta de “Bonificaciones de Servicio de Agua Potable”, mismos que tampoco fueron autorizados por el Poder Legislativo.
También, se detectaron rubros bajo pagos indebidos en por lo menos siete rubros por 2 millones 366 mil 914 pesos, por contratación de personal externo para servicios de auditoría externa, contratación de una empresa para cobranza sin ejercer esta facultad, contratación de personal externo para realizar actividades propias del comisión en aspectos como el jurídico, técnico y de sistemas, entre otros.
También hubo el pago de derechos de conexión en especie sin que la CAAMT presentara documentación comprobatoria y justificativa por 4 millones 147 mil 680 pesos.
Igualmente se identificó un gasto para software por 850 mil pesos tras la contratación de un sistema comercial, mismo que no se instaló. Aunque el contrato se suscribió por un millón 700 pesos, sólo se pagó la cantidad inicial, ya que la CAAMTH demandó al contratista por incumplimiento.
A su vez, se contrató, bajo Servicios de Informática, un sistema de citas vía web en la CAAMTH, el cual se confirmó que no opera.
Las observaciones no quedan ahí, pues hubo obras no ejecutadas: una por la línea de rebombeo de Pozo 2 a tanque Paseos del Pedregal, en la localidad de El Pedregal, por 460 mil 942 pesos.
Asimismo, la rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua potable en Tizayuca, donde se detectaron pagos improcedentes por 843 mil 337 pesos, pues se observaron conceptos de obra no ejecutados ni concluidas al 100 por ciento.
Editor general, reportero
