Entre los 550 funcionarios de ayuntamientos que al mismo tiempo son docentes, prácticamente es imposible que cumplan con la norma de no exceder las ocho horas diarias de trabajo máximo que deben ejercer, por lo que no les podrían entregar una carta de compatibilidad de horarios. Debido a ello, la Contraloría de Hidalgo instruyó a los ayuntamientos a pedir sus renuncias o los alcaldes, tesoreros y los Órganos Internos de Control se harán acreedores a una investigación, advirtió el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez.
En entrevista para Acrópolis Noticias, indicó que las administraciones locales tiene todo septiembre para aplicar y cumplir con la medida.
Ante la controversia sobre los trabajadores del sector educativo que desempeñar dos labores públicas con remuneraciones (por cargos en ayuntamientos o de representantes ante un Cabildo), el secretario indicó los criterios por los cuales están imposibilitados para ello, por encima del artículo 128 y 156 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Indicó que se divide en tres segmentos: profesores que también son alcaldes o diputados; regidores y síndicos, y funcionarios de ayuntamientos. En este último bloque, dijo, en 550 personas hay doble función.
“Nosotros cuando alguien viene y nos pide una compatibilidad de empleo, que la ley dice así, en el caso de los trabajadores es muy difícil que nosotros podamos otorgarles la compatibilidad de empleo, porque resulta prácticamente imposible que hagan una jornada de ocho horas en educación y una jornada de ocho horas en el ayuntamiento”, refirió.
Bardales Ramírez expuso que México adoptó los criterios universales de una jornada laboral no mayor a las ocho horas, por lo cual, prácticamente, ninguno de los 550 docentes-funcionarios municipales cumpliría con la norma, pues sobrepasar ese tiempo implicaría riesgos en la salud y explotación laboral.
Prácticamente es imposible cumplir esos horarios. Claro, si en educación dicen que nada más está contratado por una o por dos horas, pues en el ayuntamiento les paga por una o dos horas, y nosotros analizamos los tiempos de traslados entre un trabajo y otro, y pues a la mejor la suma de todos da ocho horas, que es una jornada de trabajo. Podría darse, pero no hemos tenido la situación de poder otorgar una compatibilidad, puesto que prácticamente es imposible tener dos trabajos”, sostuvo.
Al dar por hecho que no se puede cumplir con este requisito básico de los horarios, la Secretaría de la Contraloría notificó a los 84 municipios para que soliciten a los trabajadores que comparten ambas funciones (docente-funcionario) la presentación de carta de compatibilidad expedida por la dependencia estatal o, en su caso, que entreguen su renuncia.
Ya algunos municipios nos han dicho que están solicitando la renuncia porque, al final del día, quien es el presunto responsable de alguna responsabilidad es el ayuntamiento”, señaló.
Indicó que hay administraciones locales que le notificaron que se han dado renuncias; sin embargo, reservó el nombre de los ayuntamientos.
Recalcó que las alcaldías tienen que acreditar a la brevedad que los trabajadores impedidos para desempeñar ambas labores han dejado su puesto en las alcaldías o comprobar que cumplen con la jornada laboral para ser funcionarios y docentes al mismo tiempo.
―¿Hasta cuándo tienen para cumplir esto? ―se le preguntó.
― Hasta este mes ―respondió.
―¿Este mes de septiembre? Tiene prácticamente la siguiente (esta) semana.
― La siguiente (esta) semana y después nosotros, con quien no nos haya hecho caso, continuaremos nuestros trabajos de ir a revisar ambos trabajos, y solicitarle e iniciar los procedimientos contra los funcionarios del municipio que no respetan la ley.
Los servidores contra quienes recaería la responsabilidad, puntualizó el contralor estatal, son los alcaldes, los tesoreros o los titulares de los Órganos Internos de Control de las alcaldías.
Si no tienen la compatibilidad de empleo, pues tienen una responsabilidad si lo contratan y le pagan (las alcaldías)”, señaló.
Respecto a la devolución del salario otorgado por alguno de los dos empleos, el contralor refirió que están en proceso de que se retorne el dinero, pero no indicó el monto resarcido.
Bardales Ramírez indicó que esa es la primera etapa, pues continuarán con la comprobación o no de compatibilidad de los docentes que están en labores de regidurías y sindicaturas, los cuales estimó en 150 casos.
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