El Congreso de Hidalgo deberá subsanar tres de las seis fases que conformaron la consulta indígena, base de la reforma electoral 2023, pero esto no representará más gastos para el Legislativo, estimó el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez El Oso, presidente de la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dos decretos de la reforma electoral por no apegarse al procedimiento. El Poder Legislativo está en espera de la notificación.
Estamos esperando el engrose de la sentencia para poder analizar detalladamente qué es lo que están invalidando. De manera general conocemos, por medio del resolutivo que emite la Suprema Corte, que de las etapas que conforman la consulta, tres deben corregirse, es decir, no están pidiendo los ministros de la Corte que se amplíe o que se llegué a otras localidades”, dijo.
Con el ejercicio que se hizo se tienen que subsanar tres etapas: la deliberativa, la consultiva y la de acuerdos.
Señaló que en la fase deliberativa las comunidades revisan las bases y el protocolo; sigue la elaboración de cuadernillos derivado de esta etapa y el seguimiento de los acuerdos que fue avalado por el Comité Técnico Asesor.
Las otras tres quedaron firmes, lo que consideró un avance, pues en una ocasión anterior toda la reforma fue declarada inconstitucional.
Según el representante, se validó la primera fase, que es la preparatoria, en la cual se diseñó el protocolo y el estudio metodológico, donde se revisan estos acuerdos, las bases, el objeto y el sujeto de la consulta.
También la informativa, que es muy importante porque anteriormente la Corte argumentó que no se había atendido el principio de máxima publicidad, explicó.
CONGRESO NO EROGARÁ MÁS RECURSOS, ESTIMÓ
El Congreso de Hidalgo erogó 12 millones 214 mil 800 de pesos para llevar a cabo la consulta a personas indígenas y con discapacidad. Contrató a la empresa SEAP Consultores S.C., según las licitaciones CELSH-CAASSP-LP-003/2022 y CELSH-CAASSP-LP-004/2022.
El diputado estimó que el Congreso no deberá destinar más recursos para subsanar las deficiencias, ya que existe una cláusula en el contrato que establece la asignación de 10 por ciento del presupuesto para corregir errores.
Hay una salvaguarda para intrumentar estas correcciones. No te podría decir la cantidad que pudiera costar, pero yo considero que no deberíamos ya de erogar más recursos”, mencionó.
Martíne Gómez, quien estuvo presente en todas las etapas, consideró que no hubo fallas en la metodología ni en la aplicación del protocolo.
Seguramente, es un tema tan sensible, un grupo representativo o no representativo que se autoadscribe originario pues dice que a él no se le consultó o que faltó tal. La Comisión de Derechos Humanos tiene que atender”, expuso.
Editor general, reportero
