En 2025 se llevará a cabo en Hidalgo la consulta de revocación de mandato, un ejercicio que luce innecesario y que traerá consigo un gasto millonario al erario estatal.
Durante su segundo informe de labores el gobernador Julio Menchaca Salazar dijo y en diciembre reiteró que pretende someterse a ese referendo, en un intento de emular lo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su gestión.
Digo que es innecesario porque el estado no se encuentra en un contexto en el cual algún sector de la población esté exigiendo poner sobre la mesa la salida del titular del Poder Ejecutivo, el primero que ganó en la urnas por siglas diferentes a las del PRI.
La Ley de Revocación de Mandato del Estado de Hidalgo, aprobada en 2023 para ese fin, fue configura para hacer una ratificación, más allá de ser un ejercicio que pregunte si la ciudadanía quiere que su gobernante deje o no el cargo.
De manera tramposa, la misma norma estatal está confeccionada con un sesgo en el que se cuestiona si la población quiere que la persona que encabeza el Poder Ejecutivo (a manera de confirmación) continúe en el poder por lo que resta de su mandato, en vez de poner a consulta sí pretende que deje la gubernatura: “¿Estás de acuerdo en que la Gobernadora o Gobernador (nombre), continúe en sus funciones?”.
El primer escollo que deberá pasar quien o quienes quieran someter a Julio Menchaca a este procedimiento una vez que cumpla tres años en el gobierno, el próximo 5 de septiembre, de acuerdo con la propia ley, es contar con la solicitud de al menos el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de Hidalgo.
Tomando las cifras de la elección de 2024 en Hidalgo, cuyo listado fue de 2 millones 386 mil 302 personas, para pedir el proceso de revocación (ratificación) de mandato del morenista se necesitará alrededor de 238 mil firmas ciudadanas recabadas en más de la mitad de los municipios del estado.
Si en la entidad -con un alto historial de abstencionismo- no existe un movimiento político-social que esté interesado en llevar a la hoguera por primer vez a una administración estatal, será difícil que de forma orgánica se puede lograr esa cifra. ¿Entonces quiénes juntará las firmas necesarias?, ¿las estructuras gubernamentales, Morena, grupos afines de “particulares” que patrocinen espectaculares de promoción como ocurrió con AMLO?
De cumplir con los requerimientos y llevarse a cabo la consulta, su resultado solo será válido si participa el 40 por ciento del electorado y si es por mayoría absoluta: que más de la mitad de los votantes diga que no está de acuerdo con que Menchaca continue ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo.
¿Van a ir va votar 4 de cada 10 ciudadanos inscrito en la lista nominal y de ellos al menos el 50 por ciento más uno pedirá la salida del gobernador? La participación en los proceso electorales ordinarios apuntan a que no.
Las consultas públicas en temas tan relevantes como la continuidad o no de un mandatario son importantes en una sociedad que se asuma como democrática, por eso no se deben usar con propósitos diferentes a su finalidad ni generar un gasto absurdo de los recursos públicos. No es necesario ratificar de forma tramposa algo que no se busca revocar.
Editor general, reportero
