El contralor de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramirez, indicó que el caso del alcalde electo de San Felipe Orizatlán, Carlos Pérez Escamilla, que se encuentra inhabilitado para fungir como servidores públicos, lo resolverá las “vías administrativas”, para determinar si podrá o no rendir protesta el 5 de septiembre.
Señaló que el integrante del Partido del Trabajo (PT) fue sancionado por el órgano de control interno del municipio, cuya sanción fue validada por el Secretaria de la Contraloría estatal y enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal.
El problema de su inhabilitación es por no haber presentado su declaración patrimonial y por haber presentado un documento que no tenía una característica”, indicó.
Señaló que la inhabilitación contra Pérez Escamilla es por un periodo de 30 meses, misma que empezaron a correr en febrero de 2024, lo que lo dejaría impedido de rendir protesta el 5 de septiembre próximo.
Bardales Ramirez indicó que el petista se encuentra litigando contra su inhabilitación, por lo que se debe esperar el fallo de las instancias.
“Se amparo primero con el (tribunal) electoral, pero el electoral dijo que no era su competencia, y con justificada razón, porque el instinto electoral ve asuntos de carácter electoral. Está inhabilitación no obedeció a un carácter electoral, no cometió una infracción de las leyes electorales, cometió una infracción administrativa”, expuso.
Pérez Escamilla también promovió un amparo contra la Contraloría por no permitirle presentar las pruebas en su defensa contra la inhabilitación, a lo que Bardales Ramirez respondió la sanción a la aplicó el órgano interno de control del municipio, a quien correspondía darle “los tiempos”.
Sobre quién debería tomar protesta si se determina que el edil electo no puede asumir el cargo, el funcionario dijo que no podía dar la respuesta “porque está en juicio”.
En el caos del edil electo de Zacualtipán, Armando Pérez Hernández, también del PT, indicó que su inhabilitación termina en agosto, por lo que no tendrá problemas para tomar posesión.
2 MIL MILLONES POR SOLVENTAR
Durante el inicio de la auditorías colmena, el funcionario estatal indicó que en Hidalgo hay pendientes por solventar por alrededor 2 mil millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las cuentas pública de 2018 a 2022; de ese monto, 638 millones de pesos corresponden al Poder Ejecutivo estatal.
El dinero no justificado corresponde a recursos federales observados a municipios, entes estatales, paraestatales y descentralizados de la entidad.
DatoAcro
-Este año se aplicarán 37 auditorías colmenas en 30 municipios del estado, dirigidas a fiscalizar recursos federales del ejercicio fiscal 2023.
–Los municipios seleccionados son Actopan, Apan, Atitalaquia, Atotonilco, Francisco I. Madero, Huautla, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Lolotla, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mixquiahuala, Nopala, Pachuca, Progreso y Santiago Tulantepec,
-Además, Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji, Tezontepec, Tizayuca, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tula, Tulancingo, Yahualica, Zacualtipán Zempoala y Zimapán.
Editor general, reportero
