Por unanimidad, el Congreso de Hidalgo aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de límites de jubilaciones y pensiones, con la advertencia de Movimiento Ciudadano (MC) sobre el riesgo de la retroactividad como medida que afecta derechos adquiridos.
En sesión de este lunes, los legisladores sancionaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para suprimir las “pensiones doradas”, la cual fue acompañada por todas las fuerzas políticas, con 27 votos a favor.
Pese a avalar la minuta, en representación de la bancada de MC, la diputada Karla Perales Arrieta criticó la reforma, al referir que no resuelve el problema de fondo.
Recalcó que eliminar las llamadas pensiones de lujo es necesario, justo y un paso que responde a un reclamo social profundo frente a los privilegios que durante años se han tolerado en el servicio público. Sin embargo, afirmó que es insuficiente, incompleta y presenta riesgos que no se pueden ignorar.
Corregir un abuso no puede convertirse en la puerta para cometer otros”, manifestó.
Refirió que uno de los principales peligros de la minuta radica en la posibilidad de afectar derechos adquiridos.
No podemos permitir que bajo el argumento de justicia se termine aplicando la ley de manera retroactiva en perjuicio de quienes cumplieron con las reglas vigentes en su momento”, subrayó.
Reprochó que mientras la reforma repercute en los trabajadores al servicio del Estado, no impacta o se aplica para las Fuerzas Armadas, por lo que no hay equidad.
Acusó que también hay falta de mecanismos claros para garantizar que los recursos recaudados se utilicen efectivamente para mejorar las pensiones de los trabajadores.
Sin transparencia, sin reglas claras y sin procesos de seguimiento, ¿cómo asegurarnos que cada peso destinado al sistema de pensiones cumpla con su propósito?”, cuestionó.
La minuta a la que se sumó este día el Congreso de Hidalgo refiere que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza de los tres órdenes de gobierno y de la administración pública no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto.
Esta medida no aplica para las Fuerzas Armadas, a las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, en aquellas constituidas por aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios y en las no contributiva a que se refiere el artículo 40 de la Constitución federal.
En el quinto transitorio del decreto se establece que, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable, a fin de hacerlo congruente con lo dispuesto.