Con posicionamientos en contra de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) y la defensa de Morena y aliados, esta madrugada el Congreso de Hidalgo aprobó por mayoría el dictamen que contiene la minuta de reforma al poder judicial de la Federación, con el cual jueces, ministros y magistrados serán electos por voto popular tanto en lo federal como en los estados.
El documento enviado por el Senado de la república fue avalado por 24 votos a favor y seis en contra, por lo que pasará al Congreso de la Unión para que Hidalgo sea parte de la declaratoria de validez que harán el Senado y la Cámara de Diputados esta tarde.
La sesión comenzó a las 00:30 horas y finalizó a las 2:20 horas de este viernes entre porras de los morenitas y aliados.
Entre los posicionamientos en contra, la legisladora panista Claudia Lilia a Luna Islas aseguró que el sistema de elección popular de juzgadores ha fracasado en países como Bolivia, pues dos tercios de los votantes anularon su voto o las dejaron en blanco, sostuvo.
Razón del fracaso: las listas de los postulantes fueron confeccionadas desde el poder Ejecutivo, no había una verdadera elección. ¿Cuáles fueron los efectos? Los jueces electos comprendieron que su futuro dependía del partido en el gobierno, no de los votantes, lo que significa servilismo hacia el gobierno”, expuso.
La priista diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez aseveró que para aprobar la reforma judicial en el Senado, “fue necesario apoderarse del INE, sobornar a magistrados electorales, pactar inmunidad con los Yunes, comprar dos legisladores, tener al padre de otro senador, reprimir una manifestación en el Senado de la república y en muchos de los congresos estatales”, sesionar una sede alterna” y, como en Hidalgo, “con una convocatoria bote pronto” para sesionar a la medianoche.
Afirmó que la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF) no representa un paso hacia “la democratización y la justicia para todos”, pues dijo que elegir a ministros y magistrados por el voto popular abre la puerta a la politización de la justicia y a la pérdida de la independencia judicial.
Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que la elección de juzgadores requiere presupuesto, por lo que el ahorro que presuntamente se pretende “en gastos superfluos” va a ser inexistente.
La justicia ya no va a ser ciega, la justicia va a ser condicionada”, afirmó al criterio la figura de jueces sin rostro.
Marco Antonio Mendoza Bustamante, coordinador de la bancada del PRI, sostuvo que la reforma “atenta contra los cimientos en los que descansan en la república mexicana”, pues dijo que no es integral, al no revisar el estado de los policías, las procuraduría y las defensorías públicas.
Esta reforma no le va a garantizar justicia al pueblo, no le va a garantizar justicia a las mujeres, no va a garantizar justicia a las madres buscadoras, a las campesinas, a los campesinos, a los trabajadores”, expuso.
Como sus compañeros en contra, el dirigente partidista afirmó que es falso “que vaya a ser el pueblo quien elija con el voto popular a sus jugadores”, pues la decisión se tomará de “una pequeña lista” diseñada por quienes ostenten el poder.
Hoy se está inscribiendo en la historia del país una página que en un futuro, en algunos años, en algunas décadas, la historia se encargará de juzgar”, agregó.
A favor, la morenista Cynthia Citlali Delgado Mendoza, aseveró que el dictamen de reforma es un paso a la verdadera democratización “de un poder judicial que durante mucho tiempo ha estado fuera del alcance del pueblo”.
A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo una minoría ha controlado la justicia en nuestro país, alejando las decisiones de los intereses del pueblo y colocándolas en manos de quienes ven la justicia como un privilegio”, expuso.
Recordó que con el cambio constitucional se reduce de nueve a 11 el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la eliminación de las dos salas para que todas las decisiones se tomen en el pleno, además de la reducción del periodo de los ministros de 15 a 12 años. Asimismo, la eliminación del Consejo de la Judicatura y la creación de un órgano administrativo y de un Tribunal de Disciplina, aunado a la reducción de plazos para la resolución de casos.
La diputada afirmó que no se trata de socavar la autonomía del PJF, sino de “acercarla al pueblo”.
Aquellos que aspiren a ser jueces o ministros, deberán cumplir con un requisito clave, como tener título en derecho, un promedio de al menos ocho, cinco años de experiencia y ensayos sobre temas relevantes; queremos a los mejores mejores de los privilegios”, agregó.
Monica Leanett Reyes Martinez, de Nueva Alianza Hidalgo, afirmó que el dictamen tiene como objeto “renovar desde su cimientos” al PJF y el de las entidades federativas.
Afirmó que esa fue parte de la plataforma electoral que en campaña propuso la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el denominado el “plan C”, y 36 millones de votos le dieron su apoyo a las urnas, dijo.
Aseveró que es una propuesta de cambio en uno de los tres Poderes de la Unión “ampliamente” consultada y revisada.
No estoy de acuerdo que se critique la elección popular de los integrantes del poder Judicial, eso es dudar de la inteligencia de las y los mexicanos, no tengamos temor de cumplir con el artículo 39 constitucional, recordemos que el pueblo pone y el pueblo quita, y tiene todo tiempo el irrenunciable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, expuso.
Recordó que en la reforma de 1994 fueron jubilados 26 ministros “y no sucedió nada”, como se advierte en esta ocasión que pasará en materia económica.
La legisladora Tania Meza Escorza afirmó que sobre la reforma “se han dicho muchas mentiras”, como que Morena elegirá a los juzgadores y qué personas con incapacidad podrán ocupar esos puestos.
Es mentira que el proceso para elegir a las y los nuevos jueces, ministros y magistrados será exorbitantemente caro y que no podremos pagarlo. Este proceso de elecciones nos costará mucho menos que lo que le cuesta el pueblo los fideicomisos y fondos secretos”, expuso.
Sostuvo que con el fin de los privilegios de las “élites doradas” del PJF se garantizarán las prestaciones y los derechos de los trabajadores.
Aseveró que lo que sí logrará la reforma es terminar con el nepotismo, pues existen más de 16 mil relaciones familiares en ese poder, “ según datos de la propia (ministra) Norma Piña”.
Decir que esta reforma busca la demolición del poder Judicial es un despropósito y la de la oposición lo sabe”, añadió.
Hoy, como desde hace siglos, se nota su desprecio por el pueblo, pero no se han dado cuenta de que el pueblo es mucha pieza, y con su voto el pueblo ya nos dijo desde el pasado 2 de junio que la reforma va”, añadió.
Tras la aprobación de la minuta en el pleno con el voto en contra del PRI, PAN, MC y el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el presidente de la mesa directiva, Andrés Velásquez Vázquez, envió el decreto a Ejecutivo estatal y al Congreso de la Unión, que este día hará la declaratoria de validez la reforma constitucional.
Con ello, Hidalgo se convirtió en el estado 22 en avalar la minuta enviada por el Senado.
Editor general, reportero
