Desde hace casi uno, Aurelia Pérez busca recuperar a su nieto que, afirma, el DIF Hidalgo le quitó tras hacerla firmar, junto con su esposo, un acta de consentimiento de adopción bajo engaños y amenazas.
El 24 de febrero de 2022, su hija Guadalupe, una niña de 11 años, dio a luz a un bebé, tras un embarazo producto de una violación perpetrada por el pariente de un familiar en la comunidad de Tepojaco, en Zempoala, relató.
Los padres de la menor, Aurelia y Cirilo Álvarez, denunciaron el delito ante las autoridades del Hospital Obstétrico de Pachuca, que a su vez dieron aviso al DIF estatal.
Ello dio paso a un conflicto del que, hasta ahora, la familia de Guadalupe no ha podido salir, y que, afirmó, se convirtió “en una pesadilla”.
En 2021 la menor de 11 años fue violada por Erick, un sujeto de 26 años; sin embargo, la familia tuvo conocimiento del hecho hasta el siguiente año.
El 23 de febrero del año pasado el estado de salud de la menor se vio mermado por razones que hasta ese momento eran desconocidas; entonces, únicamente se vislumbraba que se trataba de un fuerte dolor estomacal.
No obstante, al ser revisada la alumna de primaria por dos médicos, la posibilidad de que la menor estuviera embarazada surgió ante el desconcierto de sus padres. En un momento de crisis, la menor decidió confesar que fue víctima de violación, señaló Aurelia.
Ese mismo día ella y su esposo se dispusieron a acudir al Ministerio Público de Pachuca para levantar la denuncia correspondiente contra Erick; no obstante, en el trayecto el estado de salud de Guadalupe empeoró, por eso la llevaron al Hospital Obstétrico de la capital hidalguense.
Internada en el nosocomio comenzó con las tareas de parto, las cuales duraron hasta el otro día: la niña dio a luz a un varón.
Mientras su hija paría, agregó Aurelia, personal del DIF estatal, los abordó para darles la alternativa y entregar en adopción al menor.
Sin embargo, tanto el padre como la madre de la víctima se negaron. A partir de ese momento, aseguró, las amenazas por parte de funcionarias públicas comenzaron.
Sin embargo, expuso que el acta de consentimiento en la que presuntamente se daba avala para ofrecer en adopción al recién nacido tiene irregularidades, como su fecha de expedición, marcada con el 11 de julio de 2018.
Desde entonces, los padres de la infante que se convirtió en madre siendo una niña no saben del paradero del recién nacido, por lo que viven con la incertidumbre de saber cómo se encuentra y si fue o no adoptado por otra familia.
Por ello, buscan recuperarlo por medios legales ante las anomalías y amenazas de cuatro funcionarias con las que, aseguran, firmaron la autorización para ceder al menor.
Incluso, dijo, tanto Aurelia como Guadalupe entraron en una fuerte depresión que hasta la fecha es difícil de describir y de superar para ambas.
EL CASO YA LLEGÓ A MANOS DEL GOBERNADOR
La madre de la víctima insistió en que durante casi un año ella y sus familiares cercanos han hecho “hasta lo imposible” para recuperar al bebé.
Dijo que del asunto ya tienen conocimiento el gobernador Julio Menchaca Salazar y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), pero calificaron el actuar de ambos como omisos, ya que no brindaron de auxilio a las víctimas.
Asimismo, iniciaron dos carpetas de investigación por amenazas y la otra por la tortura psicológica contras las funcionarias del DIF que, acusaron, forzaron la entrega del menor.
Editor general, reportero
