El monto de la denuncia presentado contra el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), Percy Espinosa Bustamante, por presuntas irregularidades en retenciones por préstamos a los trabajadores aumentó a 210 millones de pesos, afirmó el secretario general capitalino, Eduardo Trejo Lino.
En entrevista tras la sesión de Cabildo, el funcionario municipal expuso que el monto original por el que se inició la carpeta de investigación, por 77 millones de pesos, incrementó debido a que las revisiones realizadas por la Secretaría de Administración a los cinco últimos ejercicios fiscales.
“Ya incrementó porque, como habíamos dicho, se están revisando ejercicios fiscales anteriores, y ese es el monto”, expuso.
Afirmó que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) ya calificó el tipo penal en el que encuadra el delito que acusa el ayuntamiento, pero se reservó la información por “la secrecía de la investigación”.
“Aquí lo que la autoridad investigadora está determinando, pues es precisamente a dónde está esos recursos (que entregaban al sindicato por las retenciones)”, expuso.
El secretario dijo que el municipio sigue realizando las retenciones a los trabajadores por los préstamos, cuyos recursos se entregan al sindicato.
“Nosotros seguimos haciendo la retención, por supuesto, de lo que tienen las obligaciones crediticias los sindicalizados, compañeras y compañeros sindicalizados”, dijo.
No obstante, Trejo Lino agregó que la aportación que el ayuntamiento tiene que dar semestralmente al fondo para préstamos del SUTSMP no se está entregando precisamente porque es la causa de la investigación.
“No es que no esté cumpliendo, ahorita se tiene el recurso, se tiene el fondo, pero no se está canalizando a la cuenta del sindicato hasta en tanto no quede esclarecida esta investigación (…) Por obvias razones, estamos denunciando precisamente lo que presumimos acciones ilícitas”, expuso.
El monto que aportan al fondo para los préstamos a sindicalizado es de 2 millones 800 mil pesos anualmente, el cual se entrega semestralmente (un millón 400 mil pesos).
REGIDORA ACUSA OMISIÓN EN DENUNCIA DE FALSIFICACIÓN
Durante la sesión, la regidora priista Nadia Reyna Camacho acusó que en la anterior administración, de Sergio Baños Rubio, la entonces Secretaria de Seguridad Pública municipal, Adriana Yamileth Salazar Márquez, denunció la falsificación de un sello oficial utilizado para validar la entrega de artículos por parte de una empresa privada al municipio, en el marco del Día del Policía.
Sin embargo, acusó que no se actuó pese a que se hizo del conocimiento de la exsecretaria de Administración y del expresidente municipal (entonces priista).
Por ello, pidió a la Contraloría municipal investigar la falsificación del sello oficial y determinar la responsabilidad administrativa. Asimismo, exhortó a colaborar con las autoridades competentes para establecer la responsabilidad penal de quienes, teniendo conocimiento del hecho, decidieron no actuar, así como a la Secretaría de la Contraloría estatal a aplicar la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión que desempeñen actualmente los exfuncionarios implicados.
Al respecto, el alcalde dijo que esa es una de las tantas irregularidades que existen sobre la pasada administración.
Aseveró que el contrato está relacionado con una cena para la policía municipal y reconoció que la denuncia se quedó en stand by, aunque aseveró que el área Jurídica le da “curso”, así como la Contraloría local, “continuidad”.
En tanto, Trejo Lino dijo desconocer el monto del contrato.
Afirmó que la denuncia la realizó de manera “individual” la exsecretaria de Seguridad Pública y afirmó que en todos los expedientes que la pasada administración dejó en la entrega- recepción “no se encuentra relacionada”.
“Sin embargo, ahorita ya con toda la información la síndica procuradora va a comparecer en representación del municipio para determinar si efectivamente existe una afectación legal en contra de los intereses del municipio. Entonces es una carpeta de investigación que se le va a dar seguimiento”, añadió.
Dijo que el tipo penal que se investiga es el uso de documentos falsos.
Editor general, reportero
