La aprobación de la una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento provocó la queja de diputados de oposición respecto a la limitación del debate y conocimiento de las iniciativas que lleguen desde el Congreso de la Unión, pues pasarán directamente al pleno y no a comisiones para su discusión, mientras que la mayoría de Morena y aliados respaldaron la medida de “buena administración” parlamentaria para evitar “formalismos”.
Sin embargo, el número 231 tuvo el rechazo de las representaciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), pues las minutas aprobados en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya no pasarán a comisiones para analizar su contenido y debatirlo, sino que irán directo a la Mesa Directiva en turno para discusión, debate y votación en el pleno.
La presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Lizbeth Irais Ordaz Islas, se pronunció a favor y defendió que las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento para atender el principio de “eficiencia legislativa”, simplificar los trámites para evitar retrasos y depurar “formalismos” vacíos; es decir, no frenar el paso de las reformas constituciones federales con su discusión en comisiones locales.
“No se trata de ninguna manera de reducir los espacios de deliberación ni de suprimir los controles que son esenciales para un proceso democrático, se trata, por el contrario, de racionalizar el procedimiento, depurando aquellas etapas que, conforme a la experiencia y a la práctica, no generan valor jurídico adicional, pero sí provocan retardos injustificados en la atención de los asuntos públicos”, aseguró la morenista.
En respuesta, la panista Claudia Lilia Luna Islas adelantó su voto en contra y argumentó que el análisis sí sirve para deliberar los asuntos que pueden generar controversia; no obstante, dijo, con la modificación se pretende anular la discusión y que las minutas de los asuntos que llegan desde el Congreso de la Unión pasen sin conocimiento de los diputados.
“Que no quieren que el Congreso del Estado tenga tanto tiempo porque se ve mal, no sé para quién, pero se ve mal porque no pasa de manera rápida”, refirió al aludir a reformas federales en las cuales los dictámenes fueron sancionaron en Hidalgo después de que ya contaban con el aval necesario de 17 congresos locales pasa ser válidas.
Al respaldar la postura en contra, el priista Marco Antonio Mendoza Bustamante acusó que las modificaciones atentan contra la deliberación democrática.
Aunque la justificación de la mayoría señala que es una reforma “de avanzada”, el priista señaló que los congresos en el mundo migran hacia la deliberación democrática como vía para fortalecerla.
Lo que hoy está a punto de aprobarse es que discutamos menos, que sea más fácil, que no llegue a comisión y que pase directamente al pleno, (…) No puede ser que restemos la posibilidad de diálogo y de debate para que dejen de escucharse en las comisiones las voces de quienes representamos a una parte importante de la sociedad”, refirió el dirigente del PRI.
Por otra parte, Mónica Leanett Reyes Martínez, de Nueva Alianza Hidalgo, indicó que los diputados locales ya se sabe cuál es la estructura de las reformas constitucionales, pues dijo que a través de los medios de comunicación y las sesiones del Congreso de la Unión conocen los temas aprobados y que arribarán al Legislativo local.
“No se está prohibiendo en ningún momento la discusión de ningún tema y de ninguna iniciativa, está en pleno y para eso está esta tribuna, para que aquí podamos expresar nuestro voto razonado, informado, si es a favor o en contra de cualquier dictamen, (…), yo no coincido con la parte en que comenten que con esta iniciativa lo que se pretende es cuartar la discusión, el intercambio de ideas, el diálogo, no, porque para eso está el pleno y lo estamos haciendo en este momento”, refirió.
La reforma se aprobó con 21 votos a favor y tres en contra de los legisladores del PRI y PAN.
DatoAcro
-Como parte de los dictámenes aprobados, los diputados eliminaron la edad mínima que debe tener una persona que busca ser gobernador, que era de al menos 30 años de edad cumplidos al día de la elección, por lo que la reforma establece que un aspirante puede contender por el cargo desde los 18 años de edad, junto con el cumplimiento de los requerimientos que establece el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Reportero
