A un año del asesinato de Rosaura en Azoyatla a manos de su expareja, un policía municipal de Mineral de la Reforma de nombre Marco Antonio M.G., sobre el sujeto pesan condena de dos delitos por más de 19 años de prisión, el proceso por feminicidio, homicidio doloso en grado de tentativa y homicidio doloso calificado se encuentra en la etapa intermedia, confirmó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), Rebeca Stella Aladro Echeverría.
Hay tres juicios que se están llevando; uno por violencia familiar, que fueron de una pena de 10 años. El de privación ilegal de la libertad por 9 años 4 meses 9 días”, expuso la magistrada.
Añadió que se dirime las imputaciones por el delito de feminicidio y homicidio doloso calificado, tras el asesinato de Rosaura, su madre y hermano, junto al homicidio doloso en grado de tentativa, contra dos familiares más que se encontraban en la casa de la víctima cuando irrumpió Marco Antonio.
Ya estaremos viendo lo que plantee la defensa y el Misterio Público”, mencionó.
El probable feminicida fue vinculado a proceso el 8 de febrero cuando y se estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de cuatro meses, con la medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para el expolicía de Mineral de la Reforma.
Sin embargo, el proceso se ha retrasado casi ocho meses y sigue en etapa intermedia.
CASO ROSAURA
Previó al feminicidio de Rosaura, su violentador fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Pachuca (Cereso) el 21 de octubre de 2024, pero tras ser vinculado a proceso por los delitos de violencia intrafamiliar y privación ilegal de la libertad salió de prisión el 15 de noviembre de 2024.
Ello ocurrió debido a que la jueza de control Janett Montiel Mendoza aprobó suspender el proceso contra el entonces policía municipal, pese a la oposición de la víctima, de acuerdo con personas cercanas a ella.
Pese a la prohibición de acercamiento a Rosaura por un periodo de año y medio, las medidas cautelares dictadas para la víctima no funcionaron: Rosaura y sus familiares fueron asesinados.
Aunque la responsabilidad de cumplir con las medidas de protección a la víctima recaía en la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), instancia de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el titular de la corporación policial, Salvador Cruz Neri, dijo que no observaron anomalías ni responsabilidad en el actuar de esa autoridad.
Según el despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Francisco Ángel Fernández Hasbun, tras la liberación del expolicía imputado, el Ministerio Público se opuso a la suspensión condicional concedida por el Poder Judicial.
En julio de 2025, la presienta del TSJH informó que Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura de Hidalgo determinó que la actuación de la jueza en el caso de Rosaura, a cuyo violentado liberó previo a su feminicidio, no fue indebida.
Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar declaró que el Estado no le fallo a Rosaura, sino la persona que le arrebató su vida.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició la queja de oficio CDHEH-VG-235-25 por su feminicidio, para indagar probables violaciones en la actuación de cinco instituciones relacionadas al caso, caso que aún no está resulto.