Al menos un centenar de las casi 2 mil 400 concesiones de taxi y colectivas otorgadas en la administración de Omar Fayad Meneses se encuentran en estudio para determinar “si da” para su revocación, afirmó la secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo, Lyzbeth Roble Gutierrez, tras comparecer en el Congreso estatal.
En entrevista, la funcionaria afirmó que en la pasada gestión se repitió el mecanismo de beneficiar a líder gremiales o a políticos y personas con algún vínculo con ellos o familiares, durante el llamado programa de ordenamiento territorial.
Cuando se otorgó concesionamiento desgraciadamente se hizo como se había venido haciendo en otras administraciones, se repitió el proceso, se repitió el mecanismo. Los mismos concesionarios anteriores acuden con nosotros en las audiencias y nos hacen notar que se le otorgó una concesión a una persona muy allegada a cierto líder o personaje que tiene intervención en la vida pública o político (o sus familiares directos)”, afirmó.
En otros casos, dijo, posiblemente existen testaferro de políticos y aseguró que “son muy recurrentes los personajes que han tenido de alguna forma ventaja”, por ser grupos “consolidados” que determinaban quién obtenía y quién no un permiso para brindar el servicio, lo que dejó afuera de los programas a los operadores de taxi.
Los líderes tenían ese control de decidir a quién sí le tocaba y a quién no”, expresó la funcionaria, quien dijo que al final de cada sexenio funcionarios, como alcaldes, se veían beneficiados.
Dijo que es “un común denominador que debe de revertirse”, por lo que anunció que cuando este gobierno emita el concesionamiento del más transporte público privilegiaran a los choferes que llevan “mucho tiempo pidiendo concesiones”, así como a grupos vulnerables.
En el pleno del Congreso, Robles Gutiérrez dijo que a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) le está tocando “las consecuencias” del reparto hecho por la administración fayadista, pues existe una sobresaturación de premisos en algunas zonas de la entidad. Incluso algunos han sido impugnadas.
Entre las regiones con este problema se encuentran Zacualtipán, la Tula-Tepeji, Atitalaquia y Tulancingo.
“Tenemos el caso de que cuando llegan los concesionarios con la nueva concesión otorgada en el programa de ordenamiento territorial pretenden ingresar sus unidades, y los concesionarios que ya han estado trabajando en esa rutas o sitios no los dejan ingresar. Ese es el tipo de conflicto que nos general”, expresó.
Respecto al destino del programa Taxi Seguro, que obligó en la pasada administración a los choferes a pagar por un aplicación de servicio que no utilizan, la secretaria indicó que está el análisis jurídico del Sistema de Transporte Convencional para saber cómo procederán.
Indicó que deben analizar las consecuencias jurídicas porque la Semot dio un permiso a la empresa.
No se puede decidir hoy si se revoca el permiso o si se modifica o qué va a pasar (…) pronto tendremos el resultado”, añadió.
Afirmó que es inminente que reformen la Ley de Movilidad del estado, no para abrir la puerta a Uber o Di-Di, sino para armonizarla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
CICLOVÍA, PROTECTO A LA DERIVA
Respecto de la ciclovía en avenida Madero, cuya primera licitación fue cancelada, la funcionaria indicó que todavía no han tomado la decisión de concretarla o redireccionar los recursos a otro proyecto.
Dijo que en la socialización del plan los comerciantes, quienes anteriormente manifestaron su rechazo, pidieron esperar más tiempo, por lo que la Semot sigue evaluando las posibilidades.
Tenemos ese proyecto aún por definir porque generó de alguna manera cierta resistencia”, dijo.
Roble Gutierrez afirmó que el gobierno estatal no impondrá la ciclovía.
DatoAcro
-La funcionaria indicó que hasta el momento solo se han iluminado tres de los 15 puentes del Tuzobús, dentro del programa Corredor Seguro, que tendrá un costo superior a los 10 millones de pesos.
Editor general, reportero
