La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) presentará una denuncia penal contra Alejandro Habib Nicolás y Javier Ramiro Lara Salinas, extitulares del ente público, tras una investigación por malas práctica, como conflicto de interés, cometidas durante el ejercicio de sus funciones para que el primero evitará ser sujeto de una recomendación por omisiones de la gestión del segundo por su paso en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), en el sexenio de Omar Fayad Meneses.
En conferencia de prensa para dar a conocer la recomendación número R-VG-0005-23, la ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla informó que en 2017, cuando Lara Salinas se desempeñaba como titular de la PGJH, se suscitó el hecho que dio origen a la queja CDHEH VG-2194-18 por la mala actuación de la institución: el incorrecto levantamiento de cuerpo de Gloria Sintia, una mujer originaria de Puebla hallada en la comunidad El Yugo, en Agua Blanca, así como peritajes incompletos e indebida diligencia.
Posteriormente, en 2018, se incorporó como visitador general de la CDHEH, lo cual significó un conflicto de interés que puso en riesgo la integración y supervisión de la investigación, dijo.
En la sustanciación de la queja, con Habib Nicolás como presidente de la comisión (del 1 de octubre de 2018 al 27 de agosto de 2021), Lara Salinas era el facultado para formular una resolución: una recomendación o un acuerdo de conclusión para someterlo a la aprobación del presidente.
Relató que el 10 de agosto de 2021 la CDHEH emitió una propuesta de solución -que consistió en una disculpa pública a la víctima indirecta, hermana de Gloria Sintia-, firmada por Habib Nicolás, quien posteriormente la aceptó el 8 de octubre de ese año, “pero ahora en su calidad de procurador General de Justicia”, cargó que ostentó del 27 de agosto de 2022 al de 3 de septiembre de 2022.
Al mismo tiempo, Lara Salinas -quien el año pasado pretendió ser ombusperson con el apoyo de la extinta bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local- era el titular interino de la CDHEH (del 28 de agosto de 2021 al 29 de julio de 2022).
Como es posible advertir, durante la substanciación y resolución de la queja fungió como visitador de la CDHEH la persona con iniciales JRLS, quien tendría la facultad de realizar las investigaciones relacionadas con actuaciones de personal de la procuraduría cuando el mismo era titular en dicha dependencia”, expresó.
Indicó que se advierte un posible conflicto de interés y la posible constitución de la indebida utilización de información en el caso de Lara Salinas.
Los hechos motivos de la queja se substanciaron durante el encargo como procurador general de Justicia de Hidalgo para que posteriormente fuesen él mismo quien, como visitador general de la comisión, revisara las actuaciones de este mismo personal, lo cual concluyó en la emisión de una propuesta de conclusión por parte de la comisión, cuando lo procedente era la emisión de una recomendando, considerando la gravedad de los hechos denunciados”, expreso.
Agregó que esa propuesta debió cumplirse el 90 días por parte de la PGJH -durante el periodo de Habib Nicolás en la dependencia-, pero registra una dilación de 596 días, por lo cual se emitió la recomendación R-VG-0005-23.
Afirmó que a través de diversas administraciones estatal “se configuró una práctica reiterada” de que los titulares de la CDHEH pasaban luego a la cabeza de la PGJH, lo cual -dijo- no es contrario a la ley, pero es cuestionable ante “la alta probabilidad de encubrimiento”.
Parra Bonilla precisó que presentará la denuncia por incumplimiento de un deber legal y delitos cometidos por un servidor público para que, de considerar la existencia de los delitos y la participación de los exprocuradores, la PGJH ejercite las acciones legales correspondientes.
Sin revelar cuántos, la omnbusperson dijo que la denuncia involucra a más personal de la CDHEH.
RECOMENDACIÓN POR CASO GLORIA SINTIA
Sobre la recomendación R-VG-0005-23, dijo que derivó de los hechos ocurridos 26 de enero de 2017, cuando el cadáver de la víctima fue hallado y se realizó una denuncia penal en el distrito judicial de Tenango de Doria.
La presidenta de la CDHEH indicó que tras el levantamiento de los restos, peritajes incompletos e indebida diligencia, se inició la queja CDHEH VG-2194-18, que tuvo una dilación de 5 años, cuando el plazo es de 4 meses para su resolución y un plazo de ampliación justificada que no obra en el expediente.
El 10 de agosto de 2021 se emitió la propuesta de solución PS-VG-0005-21, en la que la víctima indirecta, Mayra González, hermana de la occisa, recibió una disculpa pública del entones procurador Habib Nicolás en octubre de 2021; sin embargo, hasta enero de 2023 no se había cumplido.
Por ello, dijo la titular de la CDHEH, el 10 de marzo de 2023 la víctima indirecta pidió la emisión de la recomendación contra la PGJH.
Se realizó una valoración jurídica para la verificación de las pruebas obtenidas que en su momento y se acreditaron la violación a derechos humanos; derivado de ello se concluyó que existieron omisiones de las autoridades recomendadas y los entonces titulares y personal que estuvo a cargo de la supervisión, integración y acompañamiento de CDHEH.
La recomendación señala que los hechos violatorios en agravio de la víctima son el derecho a no ser sometido a violencia institucional, de acceso a la justicia, a la debida diligencia, a una adecuada administración y procuración de justicia, a la verdad y a la reparación del daño.
Entre las omisiones del personal de la PGJH se encuentra que cuando realizó el levantamiento del cuerpo dejó restos del mismo en el lugar.
Entre los siete puntos de la recomendación, la procuraduría deberá, dar vista a la Visitaduría General, al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés y a su Órgano Interno de Control para que de seguimiento y concluyan los procedimientos derivados de las actuaciones de las personas servidoras públicas de las cuales se acreditaron las violaciones a los derechos humanos; iniciar las carpetas de investigación y las diligencias para determinar responsabilidad penal los funcionarios involucrados, así como ofrecer una disculpa pública por parte del titular de la PGJH a las víctimas en un término no mayor a 30 días naturales a partir de la notificación.
Editor general, reportero
