Mientras incumplía con su deber legal en la Secretaría de la Contraloría estatal, delito que le imputa la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Giselle Ivette Cortés Coria realizó, como secretaria de la Contraloría de Pachuca en el Concejo interino municipal, procedimientos administrativos contra la exalcaldes Yolanda Tellería Beltrán y exfuncionarios de la administración panista 2016-2020.
Cortés Coria, quien ayer fue vinculada proceso por haber dejado de cumplir con sus funciones como servidora estatal en el Órgano Interno de Control, en el periodo comprendido del día 20 de septiembre de 2020 al 14 de enero de 2021, pues se ausentó de sus labores sin justificación para ello, “jugó un papel preponderante” en la revisión del gobierno albiazul.
Así lo asegura el “Informe de Resultados” presentado en septiembre de 2020 por el gobierno provisional de Tania Meza Escorza, actual secretaria de Turismo, quien fue presidenta concejal de Pachuca por 100 días (5 de septiembre al 14 de diciembre de 2020).
Según el documento, el trabajo de la excolaboradora de César Román Mora Velazquez, contralor estatal en el gobierno del expriistra Omar Fayad Meneses, tuvo como resultado “la ejecución de procesos sancionadores contra funcionarios y funcionarias en todos los niveles administrativos, así como la presentación en tribunales de un particular, que presuntamente causa severo daño patrimonial a Pachuca”.
Tras revisar expedientes con rezagos o mal integrados, la dependencia que encabezó Cortés Coria -actualmente presa en el penal femenil de Pachuca- detectó la sustracción de dinero por parte de una funcionaria en febrero de 2022, cuyas indagatorias “no habían tenido seguimiento” y el caso estaba clasificado como no grave, “porque la funcionaria que sustrajo el dinero lo devolvió.” Sin embargo, el caso ameritó una suspensión de la responsable.
Según el informe del gobierno interino de Meza Escorza, la gestión de la ahora imputada detectó que al interior de la secretaría, “de manera sistemática, una funcionaria no denunciaba la falta de solventación de las observaciones realizadas” por la Auditoría Superior del Estado (ASEH).
Además, detectó la contratación ilegal de personas físicas sin registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, por lo que “los involucrados, exsecretario de Administración y exdirector de Compras, de la gestión 2016- 2020,” fueron inhabilitados.
El reporte también presume que la Contraloría municipal “obró de manera proactiva”, pues en la auditoría interna a la administración 2016-2020 se encontró que en la creación de la plaza Enlace General Administrativo “se omitió el procedimiento claramente especificado en los ordenamientos aplicables”.
Por la creación de esa plaza, califica como ilegal, el ente municipal inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra Tellería Beltrán, quien fue inhabilitada como servidora pública por un año, por lo cual estuvo imposibilitada de participar en los comisiones de 2021, cuando se renovaron diputaciones locales y federales.
Asimismo, Cortés Coria inició de un proceso sancionador lesivo porque en julio de 2020 el gobierno de la panista celebró un contrato con la empresa Lumo Financiera del Centro, para continuar con la renta de luminarias en más de 3 millones 100 mil pesos mensuales, con vigencia de dos años, periodo que sobrepasó el mandato de la alcaldesa.
Ese contrato, así como el acta de asamblea que lo legitima, son ilegales porque vulneran las leyes de Adquisiciones y la Orgánica Municipal. Entre las formalidades necesarias para la contratación, se incluyen un dictamen con estudio de mercado y las bases de la licitación. Dichos documentos no se han encontrado. Por estas causas, la Contraloría interpuso un juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Lo que se busca es la eliminación del Acta de Asamblea y, en consecuencia, la suspensión de los efectos del contrato”, dice el informe.
No obstante, el contrato millonario para arrendar más de 21 mil luminarias siguió vigente y el ayuntamiento deberá cubrirlo, pues el Concejo municipal no realizó una acción legal en materia mercantil, por lo que el convenio no se anuló, afirmó en noviembre de 2022 el director jurídico del ayuntamiento, Hugo Armando Vázquez Reséndiz.
Lo que se anula (por parte del Tribunal de Justicia Administrativa) únicamente es la sesión de Cabildo (realizada en la administración de Tellería) para que se autorice la contratación del arrendamiento de las luminarias; sin embargo, el contrato queda firme, ya que no hubo una acción legal en materia mercantil”, dijo el funcionario del alcalde Sergio Baños Rubio.
DatoAcro
-Cortés Coria fue elegida como la quinta integrante del Comité Ciudadano del SEAH 19 de enero de 2022
-Tras salir del ayuntamiento, la imputada se desempeñó como directora general de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría estatal, cuyo jefe era Mora Velázquez, actualmente prófugo de la justicia.
-Según la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), el excontralor aprobó los nombramiento de la exfuncionaria tanto en la Secretaría de la Contraloría estatal como en la municipal.
Editor general, reportero
