Luego del embargo de cinco perros -cuatro de raza Pug y uno cruza de Chihuahua con Schnayzer- que le realizaron a Angélica Medina Macías por una deuda de 9 mil pesos, Luis Roberto Campero Hernández, director general de Asesores Legales Latinoamericanos, hizo un llamado a los diputados locales a reformar el Código Civil para impedir este tipo de actos.
El litigante calificó como “un exceso” la determinación del actuario al autorizar el embargo de las mascotas, toda vez que fueron considerados como un bien mueble o semoviente (ganado).
Creo que es un acto que no debió ocurrir, pienso que al actuario que realizó el embargo le faltó criterio para entender que los perritos no debieron haberlos embargado. Analizando el Código Civil, que es el que prevé lo que se puede embargar y lo que no se puede embargar, hay un vacío; es decir, no nos señala si los perros se pueden embargar o no, no nos lo dice, pero sí nos hace el señalamiento que serán cosas muebles las que se tienen que embargar o, en todo, caso ganado”, refirió el abogado en entrevista con Acrópolis Noticias.
Campero Hernández indicó que las mascotas incluso son consideradas parte de la familia para algunas personas, por lo que consideró que “es el momento” para que los legisladores reformen la ley en la materia e impidan que puedan ser sujetos de embargos por conflictos civiles o mercantiles.
Creo que es una un vacío legal, que para corregirlo definitivamente está en manos de nuestros diputados, generar la reforma necesaria para que el embargo de mascotas sea imposible, que no se pueda realizar. Que quede especificado que los peces, las tortugas, los gatos, los perros, cualquier mascota, y a lo mejor me quedo corto en la definición de mascota porque hay muchas personas que no los ven como sus mascotas los ven como parte de la familia. Definitivamente tendría que haber una reforma”, insistió el asesor jurídico de Medina Macías.
El 20 de abril pasado le fueron embargados los cinco perros de Angélica Medina por una deuda de 9 mil pesos. Situación por la cual acudió a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) a denunciar; sin embargo, le dijeron que no había delito que perseguir.
Además, de manera extraoficial el abogado de la acreedora Xiomara Nathali González le solicitó una cantidad de 20 mil pesos para regresarle a sus mascotas, lo cual consideró como una extorsión. Una semana después, le fueron devueltos.
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