La Secretaría de la Contraloría investiga la contratación de software con recursos extraordinarios, dentro del esquema de la Estafa Siniestra, en la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), así como armamento adquirido en 2021 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del que no existe registro.
“En el mismo tema que hemos hecho nosotros la investigación desde un principio, todo es el gasto extraordinario, todo lo que cometieron las presidencias municipales, nosotros seguimos haciendo la investigación, pero ahora en dependencias y organismos”, expresó el contralor Álvaro Bardales Ramírez en entrevista tras una capacitación sobre declaración patrimonial.
Señaló su dependencia lleva la indagatoria por la adquisición del software y da seguimiento a la observación de la ASF por la compra del armamento. De acuerdo con la auditoría, Hidalgo adquirió 38 carabinas, 28 pistolas semiautomáticas y 90 mil cartuchos por más de 3 millones de pesos, pero no hay registro de entrega ni del reintegro del dinero.
El secretario confirmó que la indagatoria de la Contraloría corresponde al caso que investiga la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), según reveló este mes el encargado de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, en la SSPH.
“Ese tema que les señaló el procurador sí es el mismo tema y sí lo investigamos nosotros, ahí es hasta donde te puedo decir”, expuso.
Indicó que en el primer caso “la característica” es el gasto extraordinario con recursos estatales y en el segundo se utilizaron recurso federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamun).
El funcionario agregó que por el momento no hay personas inhabilitados por estos asuntos.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL
Durante la capacitación, el contralor dijo que 120 mil 213 servidores públicos en Hidalgo deben cumplir con su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses: 87 mil 509 del Poder Ejecutivo, 24 mil 519 de municipios, 5 mil 560 de los entes autónomos, 2 mil 260 del Poder Judicial y 365 del Legislativo.
Dijo que desde el primer día de mayo sabrán cuántos cumplieron, por lo que a través de los órganos internos control medirán los avances e invitarán a quienes no hayan cumplido a que lo haga, por lo que la meta de cumplimiento es de 98 por ciento.
De incumplir, a partir de junio comenzarán los procesos de responsabilidad, a los cuales -dijo- pretenden no llegar.
Indicó que en la actual administración estos datos son abiertos a la ciudadanía.
Además, recordó que hace unos días les fue entregado el programa Evolución Patrimonial, con lo cual medirán que las posesiones de los servidores sean acordes a sus ingresos.
Al respecto, en entrevista dijo que han encontramos un buen cumplimiento en materia de declaración patrimonial de servidores públicos.
Sin embargo, señaló que durante toda la pasada administración se “vetó” la información referente al entonces gobernador Omar Fayad Meneses y sus secretarios.
“El 5 de septiembre que llegamos abrimos todas las declaraciones patrimoniales, es una obligación pero, además, si la tiene expuesta el presidente de la república y la íbamos a poner expuesta nosotros, como lo hicimos, no teníamos por qué vetar la de ellos, eso creo que no fue lo correcto. También de un servidor público de primer nivel que ocultó su declaración y que no la presentó, y que al día de hoy todavía no lo ha presentado”, dijo.
Editor general, reportero
