Julio Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, reconoció que está pendiente resolver la funcionalidad de las tabletas adquiridas en la legislatura pasada para la votación biométrica de los diputados locales: en caso de ser necesario, dijo, iniciarán un procedimiento administrativo contra la empresa proveedora, aunque recientemente perdió el registro por cinco años del Padrón de Proveedores de la administración pública estatal.
El legislador priista dijo que el tema no ha sido retomado por su administración e indicó que en las próximas semanas analizarán cuál es el estatus del mismo, para darle seguimiento. Indicó que los 32 dispositivos móviles adquiridos para el sistema de votación están resguardados.
“Ustedes recordarán que se quisieron utilizar y no funcionaron cuando las quisieron echar a andar, es un problema que no se ha resuelto, pero esperamos que en las próximas semanas, porque estamos detrás de ese tema, es un tema que tenemos pendiente”.
mencionó en entrevista con medios de comunicación.
Dijo que la empresa proveedora se había comprometido a resolver las problemas técnicos que había presentado el servicio adquirido; sin embargo, fue dada de baja del padrón junto con otros 48 proveedores, de los cuales, entre el 70 y 80 por ciento eran fantasmas; es decir, que son usadas para simular operaciones, de acuerdo con el Contralor de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez.
Estructura en Sistemas de Seguridad y Comunicación ESCO SA de CV –una de las 49 empresas dadas de baja del padrón de proveedores y contratistas del gobierno de Hidalgo, por irregularidades— fue contratada por el Congreso de Hidalgo durante la LXIV Legislatura, en agosto de 2020, un mes antes de concluir la administración de la exdiputada priista María Luisa Pérez Perusquia como presidenta de la Junta de Gobierno, para la implementación de un sistema de votación electrónica.
De acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional CELSH-LP-007-2020, emitido el 16 de agosto de 20220, el Congreso local pagó un millón 800 mil pesos a la empresa.
Para este sistema también se adquirieron 32 tabletas para los diputados. No obstante, sólo fueron utilizadas en un par de ocasiones y posteriormente fueron retiradas por fallas técnicas; sin embargo, ya no volvieron a ser instaladas.
En junio del año pasado, el diputado Jorge Hernández Araus, entonces presidente de la Junta de Gobierno, informó que la empresa que había sido contratada para dicho servicio había desaparecido.
“El proveedor que hizo el programa y que hizo las tabletas ya no lo encontramos, no lo hay, no está”, mencionó en entrevista con medios de comunicación.
Posteriormente, dijo que se contactaron, pero a más de dos años de su contratación, el sistema biométrico sigue sin operar.
Reportero en formación con más de 7 años de experiencia. Escribo acerca de derechos humanos, transparencia y corrupción. El periodismo al servicio de la sociedad.
