La titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Contra de los Animales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Ana Lilia Martínez Hernández, señaló que de las 45 denuncias interpuestas por maltrato animal por la organización La Jauría de Balú, 34 no procedieron por estar relacionadas con “deberes de cuidado”, lo cual no se persigue como delito.
La funcionaria respondió al señalamiento de la activista Alba Luisa Jiménez del Ángel, quien acusó que, de 22 denuncias interpuestas por ese delito, ninguna había procedido.
Afirmó que la cifra de carpetas de investigación iniciadas por la integrante de La Jauría de Balú es el doble de las que mencionó.
Martínez Hernández indicó que 75 por ciento de los casos no procedieron, debido a que se trata de hechos relacionados con deberes de cuidado, en los cuales los ayuntamientos deben actuar mediante multas o sanciones.
Cuando el animal está amarrado, cuando están en la azotea, cuando están flacos, que no les dan de comer. ¿Qué hacemos nosotros? Las canalizamos al municipio. Una vez que el municipio las atiende, pues obviamente eso no es un delito para nosotros, no está contemplado dentro del Código Penal, y pues obviamente nosotros decretamos un no ejercicio”, expuso.
Aseguró que, de las 11 carpetas restantes, la PGJH sí ha judicializado las denuncias interpuestas por la animalista e, incluso, se han obtenido dos sentencias condenatorias con reparación del daño, la cual ella misma ha cobrado.
Indicó que tres están en integración, mientras que otras seis se encuentran en archivo temporal debido a que los testigos ya no quisieron colaborar y faltaron evidencias.
Ejemplificó con el caso del envenenamiento de animales, pues carecen de elementos para señalar al responsable de la muerte por esa acción.
Respecto a la queja de Alba Luisa de que los Ministerios Públicos en otras regiones del estado se niegan a recibir denuncias por delitos contra los animales, la titular de la unidad especializada expuso que los agentes cotejan el tipo de ilícito denunciado con lo establecido en el Código Penal estatal.
Si no encuadra el hecho con lo que establece la legislación, no integran la carpeta de investigación, dijo.
En los Ministerios Públicos, en los foráneos, usualmente ahí checan el Código Penal e inician las carpetas que encuadren en el Código Penal. Difícilmente les inician por deber de cuidado, por eso tenemos la línea telefónica, porque les damos la atención a la ciudadanía y lo hacemos vía telefónica, que es más rápido y más accesible”, justificó.
Reiteró que solo se considera como un delito en contra de los animales aquello que se encuentra tipificado en el artículo 349.
En lo que va de 2026, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Contra de los Animales ha iniciado 75 carpetas de investigación; de ellas, aproximadamente 60 corresponden a deberes de cuidado, seis están judicializadas y tres cuentan con sentencia, de acuerdo con datos de la PGJH.