El titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez, señaló que se analizan alrededor de 70 expedientes de indígenas privados de la libertad que podrían obtener su libertad. Se prevé que antes de concluir 2026 se emita una resolución para los primeros cinco casos.
En entrevista, el funcionario estatal mencionó que se implementa un programa conjunto con la delegación en Hidalgo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), los gobiernos federal y estatal, así como con los poderes judiciales, para atender dichos expedientes
Indicó que se revisarán entre 50 y 70 casos de indígenas privados de su libertad, en su mayoría en cárceles estatales, así como otros en prisiones federales.
“Se trata de un proceso como de excarcelación en donde indígenas puedan obtener libertad cuando ya cumplieron o la mayoría de su sentencia”, señaló Manuel Gutiérrez.
Las personas privadas de la libertad pueden obtener su salida siempre que no hayan cometido un delito grave y hayan cumplido más del 50 por ciento de su condena; además, tienen la posibilidad de resarcir el daño si los montos económicos no son elevados
En este último caso, el gobierno estatal o el federal podrían apoyarlas para liquidar el monto correspondiente.
Asimismo, indicó que en este proceso de liberación también podrían incluirse casos de personas que soliciten su excarcelación por motivos de salud.
“Hay algunos, digamos, reos que inclusive su salud ya está demasiado deteriorada. Estos casos los hemos encontrado particularmente en (los penales de) La Lima, en Jaltocán, en Tenango de Doria y Pachuca: ya purgando más de la mitad, más del 50 por ciento de su sentencia, pero con enfermedades muy, muy graves que ya inclusive ponen en riesgo su vida”, refirió.
En los casos en los que el delito imputado sea grave, añadió, también se analiza la posibilidad de excarcelación si se acredita que no hubo un debido proceso, como la falta de un intérprete de su lengua indígena.
“Estos delitos graves tienen diferentes causas, orígenes o motivos, y la verdad es que ahí requiere el estudio de alguno de los abogados que traen las dependencias para poder justamente cumplir, por un lado, lo que dice la ley: no afectar los derechos humanos de algunas de las familias que resultaron afectadas”, expresó.
Los expedientes en análisis corresponden a casos como robo y privación de la vida, por lo que, dependiendo del delito, el proceso para determinar si se aplica el beneficio de libertad anticipada puede tardar de tres meses a un año.
“En muchos casos son procesos que no se llevaron de manera incorrecta por no tener las personas intérpretes. La verdad es que cada caso lleva muchísimo tiempo y siempre va a haber una parte que se va a oponer. Así es que va son procesos muy largos”, expuso.
El funcionario consideró que cinco casos podrían ser resueltos este mismo año por parte del Poder Judicial local o federal, dependiendo del fuero del delito cometido.
“Los primeros estarían este año, a finales de este año, porque ya avanzamos bastante en el estudio de los casos y el siguiente año ya tendríamos como una segunda etapa de procesos”, agregó el comisionado.