El ayuntamiento de Pachuca, en conjunto a organismos descentralizados de este gobierno, acumulan un monto de 7 millones 629 mil 582.58 pesos pendientes de aclarar dentro de la inspección de la Cuenta Pública 2025. Pagos indebidos, excesivos y no autorizados y previstos ante el presupuesto de egresos, así como el consumo de combustible no justificados, son parte de los hallazgos.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) fiscalizó a la actual administración municipal de la capital del estado, a cargo de Jorge Alberto Reyes Hernández, y a cuatro entes descentralizados: el Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, el Instituto Municipal para la Juventud, el Instituto Municipal para la Cultura y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Para la administración central el importe observado es de 5 millones 43 mil 614.20 pesos, derivado del consumo de combustibles.
De acuerdo a la inspección a la partida de «Combustibles y lubricantes», el ayuntamiento no presentó la descripción pormenorizada de las actividades realizadas con los vehículos del parque vehicular de acuerdo con el ticket de consumo del combustible adquirido.
Tampoco se dieron los datos necesarios en la bitácora de consumo de combustible sobre el rendimiento del mismo por kilometraje inicial y final por comisión, el recorrido y rendimiento de los viajes. No hubo evidencia gráfica detallada y específica que compruebe las actividades realizadas por cada ticket de consumo de combustible, añade la observación.
Entre los cuatro organismos descentralizados, el Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones debe solventar un millón 82 mil 528.38 pesos.
Un importe es por 26 mil 398.38 pesos en la partida «Combustibles y lubricantes», pues no se acreditó el consumo de gasolina y lubricantes ni si se aplicó a vehículos oficiales o la autorización y validación para el suministro.
Otro importe de 77 mil 929 pesos deriva de la falta de acuerdo de la Junta de Gobierno que mencione y autorice el tratamiento de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los Sueldos y Salarios pagados y quien va a absorber el pago del entero del impuesto o, en su caso, el convenio con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) donde otorgue la exención al pago del gravamen.
Un monto de 624 mil 264 y 353 mil 937 pesos se desprenden de pagos no autorizados: el primero, de la partida de “Remuneraciones confianza”, por sueldos a plazas no autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2025, y el segundo de la partida “Previsión Social”.
En el Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca el monto pendiente es de 942 mil 662 pesos; entre ellos; pagos improcedentes por 40 mil 805 pesos a trabajadores, por concepto de impuesto subsidiado sin que se encuentren autorizados, y 438 mil 60 pesos por “remuneraciones confianza” que se ejercieron en pagos a plazas no autorizadas en el Presupuesto de Egresos 2025. Por concepto de “aguinaldos de confianza” hubo erogaciones improcedentes a plazas no autorizadas por 221 mil 745 pesos.
Lo mismo ocurrió con pagos improcedentes de 67 mil 151 pesos por “Prima vacacional confianza”, 47 mil 996 por “Fondo de Ahorro (confianza)” y 212 mil 741 pesos por la partida de “Previsión Social”.
En el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca se repite la misma dinámica de pagos improcedentes por 66 mil 181 pesos.
El primero por mil 216 pesos por prima vacacional a un trabajador, lo cual fue superior a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos 2025, y 64 mil 965 pesos a pagos a los trabajadores por conceptos de complemento de nómina e impuesto subsidiado, tampoco avalado.
Por su parte, en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación la ASEH observó 494 mil 597 pesos: 200 mil 808 pesos por la falta de acuerdo de la Junta de Gobierno para el tratamiento del ISR o, en su caso, el convenio con el SAT en el que se otorgue la exención al pago de la retención, así como 293 mil 789 pesos de la partida de “Remuneraciones Confianza”, en la que se detectó la realización de pagos por conceptos no presupuestados en su Analítico de Plazas y Servicios Personales y no autorizados en el presupuesto 2025.