Tras la sustracción de su hija de 11 años a manos de su expareja, Brenda Rivera Meneses acusó parcialidad por parte del Ministerio Público (MP) de Apan, por no atender su denuncia por sustracción de menor equiparado y, a la vez, aplicarle medidas cautelares para no acercarse a la menor por una querella en su contra interpuesta por presunta violencia sin que se encuentre acreditado el delito, afirmó.
Acompañada de sus asesoras legales, Estephanie Shaddai Vera Ángeles y Ana Guadalupe Castillo Leal, en las inmediaciones de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) acusaron que la investigación no se ha atendido con perspectiva de género ni de infancias.
Brenda refirió que, al tener ella a guardia custodia, el pasado 20 de febrero entregó a su hija al padre como parte de la convivencia establecida por la autoridad judicial; sin embargo, su expareja se llevó a la menor y cortó toda comunicación, sostuvo.
Fue mi hija por convivencia con su papá, con lo cual yo perdí comunicación ya desde hace tiempo, no me la quiso regresar, me bloquearon teléfono”, relató.
Refirió que interpuso una denuncia por sustracción de menor contra su expareja, pero dijo que hasta ahora el MP de Apan no ha dado información ni avances de la investigación del caso.
Sostuvo que desde ese fecha la niña no ha acudido a la escuela, lo cual pone en riesgo que concluya el ciclo escolar.
Aunado a ello, añadió, ella enfrenta una denuncia interpuesta por el padre de la niña por presuntamente cometer violencia contra la menor, un mes después de la carpeta de investigación que ella inició contra él.
Por ello, se aplicaron medidas cautelares solicitadas por el MP contra Brenda, bajo lo que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pese a que tiene la guardia y custodia definitiva de la menor, señaló la defensora Vera Ángeles. Por ello, calificó como incompetente a la representación social.
Lo que sí está acreditado es el delito de sustracción de menor equipado que cometió el papá cuando la señora le dio permiso de convivir y él (…), ese delito es un delito que se configura, es un delito de acción permanente; es decir, se sigue ejecutando en el tiempo; ya tuvo que haber agarrado a esa persona, al pues en este caso al papá, para llevarlo a audiencia inicial respecto de ese delito porque, es más, está en flagrancia”, señaló la abogada.
Por su parte, Castillo Leal puntualizó que buscan que la PGJH lleve a cabo una investigación que privilegie la perspectiva de género y de infancia, a lo cual se comprometieron las autoridades en una reunión previa, dijo.
La abogada añadió que el 8 de mayo interpusieron un juicio de amparo contra las medidas cautelares impuestas a Brenda ante la denuncia de violencia familiar hecha por su expareja.
“Esto fue en atención (el juicio de amparo), en contra de las medidas que fueron dictadas y que le están impidiendo a ella el ejercer su derecho de guarda y custodia”, indicó la jurista.
El juicio de garantía es contra la actuación de la ministerio público de Apan Mónica Zúñiga Ortega y la jueza de control en materia penal del Segundo Distrito Judicial con sede en Apan, Sara Irma Chávez Pérez, quien autorizó las restricciones solicitadas por la representación social.