Como ocurrió el año pasado, el gobernador Julio Menchaca Salazar confirmó que por la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, colocarán en palacio de gobierno y en el Reloj Monumental las vallas que su administración adquirió el año pasado para resguardarlos.
En entrevista tras su gira en San Agustín Tlaxiaca, afirmó que la obligación del gobierno es garantizar el orden público y proteger el patrimonio estatal, en este caso el edificio oficial y el monumento artístico con las murallas metálicas adquiridas el año paseo por 7 millones 175 mil 202.36 pesos.
“Para eso se adquirieron, para proteger el patrimonio, y no es por la mayoría de las mujeres que se manifiestan, la gran mayoría lo hace de forma pacífica y es todo su derecho, sino por algunos grupos que aprovechan este tipo de eventos para lastimar el patrimonio de todas y de todos los hidalguenses”, afirmó.
Al cuestionarle sobre las agresiones que se registraron en la marcha del año pasado contra manifestantes por parte de policías estatales, el gobernador pidió recordar que “hubo un intento” de una manifestante por “rociar gasolina a una veintena de mujeres policías”.
“Se le detuvo antes de prender el cerillo. Hubo fotografías del hecho. Entonces, no vamos a permitir que se lesione, se lastime, sobre todo, pues es un día es simbólico, que pretendiendo defender un derecho se quiera lesionar a mujeres policías”, expuso.
—¿Cuál sería el llamado? —se le preguntó.
—Que como en cualquier manifestación exista respeto, exista orden, es un legítimo derecho que yo siempre defenderé, pero hay infiltración de grupos que buscan solamente agredir a personas o a inmuebles que son propiedad del gobierno —expuso.
El morenista dijo que políticamente “a lo mejor” es más correcto que se deje que se destruya, pero la obligación del gobierno es “cuidar el patrimonio de las y los hidalguenses”, insistió.
“Hay opiniones divididas, pero yo asumo mi responsabilidad”, añadió.
DatoAcro
-El año dos hombres fueron detenidos por su supuesta participación en hechos violentos de la marcha del 8 de marzo, Jonathan y Carlos Mauricio, acusados por los delitos de sedición, ultrajes a la autoridad y lesiones contra cuatro mujeres policías.