El secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, consideró que el caso de la asignación de un contrato por más de 11 millones de pesos a una empresa propiedad de los hermanos del diputado federal de Morena Ricardo Crespo Arroyo, observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sí existe “un conflicto de interés político”, pero no económico.
Hay una diferencia entre el conflicto de interés puro y el conflicto de interés político, por una razón. El conflicto de interés no se configura, y no lo pudo configurar la Auditoría Superior de la Federación porque no es un delito que una persona sea pariente de alguien que es accionista, representante legal, técnico de alguna empresa”, aseveró en entrevista.
El funcionario dijo que la Contraloría estatal conoció del tema en noviembre, aunque luego corrigió que en septiembre de 2025. En ese mes, el ente fiscalizador dio por no solventada la observación tras el envío de oficios justificativos.
En la auditoría 1115, de la segunda entrega a la revisión de la Cuenta Pública 2024, el ente fiscalizador federal indicó que el procedimiento de adjudicación del contrato NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002, por un monto de 11 millones 910 mil 60.60 pesos, “implicó un conflicto de interés”, pues “dos de los socios de la empresa ganadora presentan parentesco por consanguinidad con un servidor público, que se desempeña como diputado…”.
El contralor afirmó que los trabajos preliminares, muro de contención y adheridos para el Instituto de Formación Profesional en Palma Gorda, en Mineral de la Reforma, fue a través de una licitación pública (emitida 26 de agosto y el fallo se dio el 19 de septiembre de 2024, cuando Crespo ya estaba en San Lázaro).
—Él ya era diputado —se le mencionó.
—Sí, ya era diputado, pero no la emisión de la convocatoria, el oficio de autorización… —dijo
La obra, adjudicada a Agicresa SA de CV, propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, está terminada desde junio de 2025 y el proceso de contratación “fue apegado a la ley”, sostuvo.
Según Bardales Ramírez, mientras esté en el padrón y “no se manifieste una situación”, la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Sostenible (Sipdus), la emisora del contrato, no cae en la ilegalidad, aseveró.
Indicó que la Contraloría tiene 30 días para aclarar cómo se podría dar el conflicto del interés político. Aunque dijo que “ni siquiera el ámbito de poder eran los mismos”, en relación al diputado federal y el gobierno estatal, no lo descarta en este momento, y sostuvo que personalmente sí percibe el problema.
Si tú me lo pregunta así, yo sí veo conflicto de interés político, y por eso lo determinó así la federación”, expuso.
Bardales Ramírez sostuvo que como parte promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, con número 2024-1-01101-19-1115-16-001, iniciada por la ASF, su secretaría hace la investigación.
Afirmó que, tras finalizar la indagatoria, la auditoría puede determinar que las autoridades estatales den de baja a la empresa del padrón de proveedores e incluso que se realice una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al ser recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEE) 2024, aunque consideró que no se configura una falta grave.
Pero yo veo, la experiencia que tengo yo, les puedo decir que este asunto se va a, una vez que se demuestra que la obra está al 100 por ciento (…) no tuvo vicios (…), consideró que si hubiera alguna situación que nos dijera la federación, va a ser una falta no grave”, dijo.
El funcionario añadió que es la observación de la ASF al gobierno de Hidalgo sobre el contrato a los hermanos de Crespo Arroyo es la más ha causado “sensación” o “la nota”.