El gobernador Julio Menchaca Salazar afirmó que la contratación de la empresa Agicresa SA de CV, propiedad de los hermanos del diputado federal de Morena Ricardo Crespo Arroyo, por parte de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (Sipdus) no representa un conflicto de interés, hecho que observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y promovió un proceso de responsabilidad administrativa.
“No hay ninguna prohibición, y no hay conflicto de interés porque ahí no tiene nada que ver el diputado federal”, sostuvo en entrevista tras acudir a Huasca de Ocampo.
En la auditoria 1115, de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, el ente federal observó que el contrato número NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002, emitido por la Sipdus, por un monto de 11 millones 910 mil 60.60 pesos, para los trabajos preliminares de muro de contención y adheridos para el Instituto de Formación Profesional en Palma Gorda, en Mineral de la Reforma.
Según la auditoría, esa contratación, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEE) 2024, “implicó un conflicto de interés”, pues fue asignada a la firma en la que “se presume que dos de los socios de la empresa ganadora presentan parentesco por consanguinidad con un servidor público, que se desempeña como diputado”.
Los beneficiarios son Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos de Ricardo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual representante del distrito 6 de Pachuca en la LXVI Legislatura federal por Morena.
“Es que no sé de dónde salió ese término (conflicto) porque es una empresa registrada que tiene muchos años que ganó un concurso. No hay ninguna observación que tenga un perjuicio el Estado, todas son cuestiones administrativas, y esa fue la única que, bueno, si al rato aparece en alguna obra, espero que no, uno que se apellida Menchaca, van a decir que es pariente mío, y a lo mejor lo es, pero pues es muy su actividad”, afirmó el mandatario morenista.
Menchaca Salazar insistió -como cuando fue consultado sobre un contrato de casi mil millones de pesos entregado a la misma empresa por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)-, en que el hecho de que alguien sea familiar de un funcionario “no le inhibe, dentro de la legalidad, a realizar su profesión”.
Consideró que en la asignación del contrato NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002 hubo una convocatoria, en la que participaron los hermanos del legislador federal y realizaron «bien la obra». “Entonces, eso se tiene que solventarse ya”, indicó el morenista.
“Imagínese que los que nos dedicamos a esto no pudiéramos tener (…) nuestros familiares no pudieron dedicarse a lo que ellos se decidan”, insistió.
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La ASF también observó riesgo de actos u omisiones por parte de personas morales “que actuaron a su nombre y/o en representación de la persona física pretendiendo obtener ventajes o beneficios indebidos en las contrataciones públicas para sí o para dicha persona”.