La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la asignación de un contrato de más de 11 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (Sipdus) a la constructora de los hermanos del diputado federal morenista Ricardo Crespo Arroyo “implicó un conflicto de interés”.
De acuerdo con la auditoría 115, el ente fiscalizador indicó que de la revisión del expediente con contrato número NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002, por un monto de 11 millones 910 mil 60.60 pesos, se detectó que, respecto del procedimiento de adjudicación, “se presume que dos de los socios de la empresa ganadora presentan parentesco por consanguinidad con un servidor público, que se desempeña como diputado de la LVXI (sic) Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo”.
La empresa a la que hace referencia el contrato es Agicresa SA de CV, propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos de Ricardo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual representante del distrito 6 de Pachuca en la LXVI Legislatura federal por Morena. Con ello les adjudicaron los trabajos preliminares, muro de contención y adheridos para el Instituto de Formación Profesional en Palma Gorda, en Mineral de la Reforma, a través de la licitación EO-SIPDUS-NIO5-2O24, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEE) 2024.
Esa asignación determinó la ASF, implicó un conflicto de interés, riesgo de actos u omisiones por parte de personas morales que actuaron a su nombre o en representación de la persona física pretendiendo obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas para sí o para dicha persona, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 59, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, artículo 59, fracción II.
Por ello, la auditoría realizó una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (2024-1-01101-19-1115-16-001) para que la Dirección General de Investigación y Responsabilidades realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y califique la presunta responsabilidad administrativa correspondiente a las irregularidades de los servidores públicos. Aunque es parte de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, la ASFincluyó el caso en el reporte Hallazgos de Alto Impacto de la tercera entrega.
En diciembre pasado, Acrópolis Noticias publicó que la empresa de los hermanos de Crespo Arroyo obtuvo un contrato (CO-PVB-095-2025, firmado el 28 de agosto pasado) por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para edificar mil 808 casas en Zempoala. Por la realización de las viviendas, la firma ganará 993 millones 948 mil pesos con IVA incluido. Adicionalmente, cobrará 50 mil pesos por concepto de suelo que se pagará por vivienda autorizada: 90 millones 400 mil pesos más para Agicresa.
Cuestionado en entrevista respecto de ese convenio, el 19 diciembre pasado el gobernador Julio Menchaca Salazar consideró que no se le puede vetar a alguien que se dedique a una actividad por ser familiar de un servidor público.
“Mientras no exista conflicto de interés, creo que es válido”, expuso.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se revisará el contrato que el Infonavit entregó a Agicresa SA de CV y advirtió que en caso de detectar algún conflicto de intereses, tiene que “suspenderse”.
La administración estatal envió desde septiembre de 2025 oficios para atender la observación, pero la ASF consideró que no quedó solventada, por lo que desde el año pasado conoce el conflicto de intereses detectado.
DatoAcro
Entre los contratos que la administración estatal morenista he otorgado a los hermanos de Crespo Arroyo, se encuentra el NOR-2023-LP-TREVE-SIPDUS-MU-111, por 7 millones 133 mil 700.27 pesos, para trabajos preliminares de pozos y registros y obras de drenaje, así como terracerías y pavimentación en Progreso de Obregón.