El encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Francisco Fernández Hasbun, afirmó que de las 33 personas detenidas el jueves pasado en la restitución de la planta de Cruz Azul de Jasso, Tula de Allende, dos fueron vinculadas a proceso el fin de semana por portación de arma de fuego y narcomenudeo.
En conferencia mañanera, el funcionario expuso que los otros 31 asegurados se apegaron a la duplicidad del término de 114 horas para que se determine su situación legal, por lo que la continuación de audiencia será el 19 de febrero. Uno está imputado por resistencia de particulares y los otros 30, por resistencia de particulares en pandilla.
Todos los imputados en el caso, que fueron detenidos el 12 de febrero, se encuentran en prisión preventiva, indicó Fernández Hasbun.
Añadió que también se abrieron dos carpetas de investigación por delitos contra la libertad de expresión, lesiones, daño a la propiedad y robo, iniciadas por reporteros que fueron agredidos durante la cobertura de la toma de la planta por parte de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Indicó que la intervención de las autoridades mexiquense se dio luego de que el 11 de febrero la PGJH recibió una solicitud de colaboración (para asegurar el perímetro) e internamiento para la toma de la cementera, en cumplimiento de ejecución a la orden judicial 40-2026, dictada por un juez mexiquense.
El encargado de la PGJH expuso que el conflicto por la posesión de la planta de Cruz Azul existe hace varios años, por lo que hay varias carpetas de investigación que se están resolviendo; entre ellas, una iniciada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) por el daño a patrullas.
Sobre el momento en que las autoridades presuntamente encontraron los narcóticos, qué tipo y cuánto a las personas que fueron detenidas, Fernández Hasbun dijo que por el momento únicamente podía responde que es una cantidad con la cual se puede imputar un intento de suministro. Negó que el caso de la droga presuntamente hallada se use para criminalizar a alguien de la cooperativa.
Insistió en que la PGJH únicamente participó en brindar colaboración, junto con la SSPH, en las acciones que llevó a cabo la fiscalía mexiquense.