Trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) solicitaron al Congreso local la suspensión provisional de la ombudperson Ana Karen Parra Bonilla para que la investiguen por presunto hostigamiento laboral y violaciones a sus derechos laborales.
A través de un escrito ingresado el pasado 6 de febrero ante la Cámara de Diputados, visitadoras y los visitadores Adjuntos A y B adscritos a la Visitaduría General, de la zona metropolitana, acusan afectación a sus derechos humanos.
“Solicitando de forma urgente e inmediata que se inicie una investigación en su contra, y atendiendo tanto al “Protocolo Cero como a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo (…) se dicte de forma equiparable una medida provisional consistente en la suspensión del empleo”, dice el documento.
Según los quejosos, el 29 de julio de 2022, fecha en que la que asumió el cargo, la exfuncionaria de Mineral de la Reforma comenzó a despedir sin justificación alguna a personal operador de la CDHEH: abogados con plazas de Visitadores A y B que tenía años de experiencia en la materia. Ello, ante las nuevas incorporaciones y la curva de aprendizaje, provocó lentitud en los procesos, acusaron.
Los trabajadores del ente público autónomo también indicaron que Parra Bonilla asigna a actividades que no corresponden a sus funciones así como acciones “absurdas”, además de utilizarlos como «choferes».
“Que la acompañáramos a la feria para que políticamente queda bien. Nos obligó a acudir a eventos con niños en orfandad exigiendo que jugáramos con ellos (…) acciones que lejos de proteger los derechos humanos, los violaban al obligar a los pequeños a que comieran lo que Ana Karen Parra Bonilla llevó, haciendo estas acciones solo para la foto”, añade el escrito.
Entre las irregularidades que acusan se encuentra que son enviados a acudir a las manifestaciones, lo que consideran pérdida de tiempo en sus funciones; además de que han sido forzados a cubrir protesta en la madrugada, sin pago de horas extra, comidas ni viáticos, como el caso del paro de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 2023.
“Absorben el tiempo de trabajo y de calidad de servidores públicos, ya que al no estar entonces en oficina se deja de actuar en los expedientes de queja y eso ha generado todo el rezago que Ana Karen Parra Bonilla tiene hasta hoy”, añadieron en el documento ingresado el 6 de febrero de 2026.
“Denunciamos igual que desde que entró hasta apenas el 30 de enero de 2026 ha cambiado a más de 205 personas, la mayoría obligándolas a renunciar y otras que tiene juicios en contra de la Comisión”, añade el escrito.
Dijeron que, según sus coordinadores, quienes no entreguen resultados de los expedientes de 2020 y 2021 serán despedidos para que Parra Bonilla, en su informe 2026, justifique el rezago “porque tuvo que correr personal que era ineficiente”.
“A sabiendas de que más de 80% del personal entró en su administración y que el rezago se debe a todos los despidos injustificados, a la rotación injustificada de personal solo para cansarnos y que renunciemos”, acusaron.
Por ello, además de solicitar la suspensión provisional del cargo, los quejosos pidieron que se ordene al órgano de Control Interno de la CDHEH que inicie una investigación por los despidos y renuncias que se han suscitado desde el 29 de julio de 2022 hasta el día 30 de enero de 2026, así como el cambio de plaza que han sufrido compañeros con baja de salario.
«De igual modo, deberá indagar cuántos juicios laborales (…) y saber el motivo por el cual iniciaron, expedientes que servirán como prueba para acreditar el hostigamiento laboral”, insistieron.
Además, que Parra Bonilla inicie una queja de oficio y la remita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
DatoAcro
–Activistas también han pedido la destitución de la ombudsperson ante el Congreso local, sin respuesta hasta el momento.