La Procuraduría General de Justicias de Hidalgo (PGJH) informó que 33 personas fueron puestas a disposición de la institución tras las acciones ministeriales que esta madrugada llevó a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para tomar la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Jasso, en Tula de Allende.
En un comunicado, indicó que 31 de las personas aseguradas son investigadas por hechos que la ley sanciona como desobediencia y resistencia de particulares, mientras que dos más por portación de armas, al encontrarles en posesión de dos armas de fuego calibre 38.
“Todos los detenidos fueron ingresados de manera oportuna al Registro Nacional de Detenciones, cuya consulta es pública y abierta”, aseveró.
La dependencia añadió que el operativo que la FGJEM ejecutó esta madrugada para “restituir la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul” se realizó “en acato a lo ordenado por un juez de control del Estado de México”.
Aseguró que no hay personas desaparecidas y tampoco personas fallecidas por la intervención, pese a los reportes de detonaciones durante el operativo y en la mañana.
Según la PGJH, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) acudieron desarmados a resguardar a la población civil “para evitar que se repitieran los antecedentes violentos que tienen relación con esa planta”, donde en abril de 2023 hubo ocho muertos en el intento de toma de la cementera.
No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició la queja de oficio CDHEH-VT.TA-0051-26 «por lo suscitado en Tula, que se dio a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación».
Hasta esta madrugada, la planta de Tula se mantenía en posesión del grupo de cooperativistas disidentes de Federico Sarabia Pozo (detenido en agosto de 2025), en disputa con el de Víctor Manuel Velázquez Rangel, que controla la mayoría de la cooperativa cementera.
El abogado de los disidentes, Magdiel Cadena Cortez, acusó en la mañana que elementos de seguridad federales, estatales y municipales irrumpieron con violencia. Además, afirmó que la orden de restitución ejecutada por autoridades mexiquense “es contraria a derechos”, pues aseguró que los socios no han sido “vencidos en juicio”.
“Hay una orden federal que le da la posesión aquí a los socios de la planta de Hidalgo, de manera de que vamos a hacerlo valer, y creemos que este auto de autoridad es, a todas, luces inconstitucional”, sostuvo.
En un video, Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración, aseveró que este día, tras la restitución, “empieza una nueva etapa de diálogo” para reactivar la planta ubicada en Jasso y recuperar fuentes de empleo. Además, llamó a “la paz social”.
“En esta refundación hay lugar para todas y todos”, sostuvo.
Aseveró que la cementara de Tula “estuvo secuestrada” durante cinco años, tiempo en el cual ha habido una disputa entre ambos grupos por el control de la planta hidalguense.