La madruga de este miércoles elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)ejecutaron una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en Tula de Allende, por orden de un juez del de esa entidad, acción calificada de ilegal por la disidencia de la cementera.
En el operativo de desalojo del grupo disidentes cooperativas se reportó la detonación de arma de fuego.
En el comunicado de dos líneas, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que autoridades de la entidad participan en el operativo para dar seguridad perimetral “a la población”.
Por la mañana, pobladores del lugar, al grito de “Hidalgo”, lanzaron piedras contra los agentes que tomaron la planta, quienes respondieron con gases lacrimógenos.
Además, se registró una contracción con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) que reguarda la cementera y se reportaron detonaciones desde el interior hacia el exterior.
El abogado de los cooperativistas de la planta en Jasso, Tula, Magdiel Cadena Cortez, acusó que elementos de seguridad federales, estatales y municipales irrumpieron con violencia.
Afirmó que la orden de restitución ejecutada por autoridades mexiquense “es contraria a derechos”, pues aseguró que los socios no han sido “vencidos en juicio”.
“Hay una orden federal que le da la posesión aquí a los socios de la planta de Hidalgo, de manera de que vamos a hacerlo valer, y creemos que este auto de autoridad es, a todas, luces inconstitucional”, expuso.
Aseguró que el grupo que hasta hoy mantenía el control de la planta cuenta con una suspensión en un juicio de amparo.
La producción de la cementera en Tula se encuentra parada desde hace más de tres años por la disputa entre el grupo de Federico Sarabia Pozo (detenido en agosto de 2025) y el de Víctor Manuel Velázquez Rangel, que controla las de demás plantas de la cooperativa.
En abril de 2023, un intento por tomar la infraestructura de Jasso dejó ocho personas muertas.