La diputada de Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) Mónica Leanett Reyes Martínez presentó una reforma a la Ley de Educación del Estado de Hidalgo para establecer el criterio de presunción de inocencia para el personal docente y administrativo ante cualquier señalamiento en el entorno educativo, para evitar medidas o mecanismos preventivos contra ellos si se carece de elementos o pruebas que fundamenten una acusación en su contra
Al fundamentar su propuesta, la legisladora señaló que en el sistema educativo existen protocolos administrativos de actuación para prevenir, detectar y atender casos de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato en el ámbito escolar, emitidos por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Estos instrumentos establecen medidas preventivas, mecanismos de denuncia y actuación inmediata, entre los que se ubican, como el más común, la separación temporal del presunto responsable de sus funciones, bajo el argumento de salvaguardar la integridad del alumnado en lo que se da la investigación, refirió.
No obstante, “primero se señala y después se investiga”, puntualizó.
Este tipo de protocolos, enfatizó, carece de una referencia expresa al principio de presunción de inocencia como derecho del personal docente o de asistencia y apoyo a la educación.
Ello, abundó, genera consecuencias como sanciones de facto, daños irreversibles a la reputación profesional del personal involucrado y su estabilidad laboral, pese a que al final no se acrediten los hechos imputados.
“Las y los maestros se encuentran en la indefensión y con el riesgo de dañar su carrera y su vida personal y familiar por siempre. Sin descuidar el bienestar de las y los alumnos, urge una revisión exhaustiva de los marcos normativos de convivencia desde una mirada integral que contemple los derechos y condiciones de trabajo de las maestras y maestros”, señaló.
La panalista propuso la incorporación del artículo 117 Bis, el cual señala que “las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán respetar y garantizar el derecho a la presunción de inocencia de las maestras, los maestros y el personal administrativo en todas las actuaciones administrativas vinculadas con el ejercicio de su función, evitando cualquier trato, medida o comunicación que implique un juicio previo sobre su responsabilidad”.
En entrevista, la diputada dijo que se busca que las medidas de apremio, como la separación temporal del cargo, se apliquen solo si la denuncia por algún comportamiento del docente sobre el alumno que genere una presunta vulneración tenga sustento con evidencia o pruebas, no bajo el simple señalamiento.
“Su incorporación permitirá llenar un vacío legal que hoy deja en situación de vulnerabilidad a maestras, maestros y personal administrativo, garantizará que las actuaciones administrativas de las autoridades educativas respeten el principio de presunción de inocencia y hará efectivo el mandato constitucional de revalorizar al magisterio”, afirmó.
Recordó el caso ocurrido en noviembre de 2023 el del kínder Luz González Cosío, en San Pedro Huaquilpan, Zapotlán de Juárez, donde “sin pruebas o incluso con dolo de afectarlos” se acusó a la directora del plantel y su esposo de la supuesta violación de 14 alumnos, lo cual no se ocurrió, de acuerdo a informes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, dijo.
“La tragedia de un alumno nunca debe tomarse a la ligera, pero el dolor no puede traducirse en castigos ejemplares sin base ni análisis justo. Necesitamos con urgencia protocolos claros y específicos de actuación legal que delimiten responsabilidades en situaciones de emergencia al interior de los centros escolares”, señaló.