El titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, recordó a los alcaldes que hay responsabilidades penales por conducta como amaño de juicios por laudos, además de que, afirmó, han observado dolo en la pérdida de litigios en los cuales se pudo evitar detrimento al erario municipal.
Ahora que estamos acompañando algunos alcaldes, resulta que se observan juicios laborales que no tenían por qué perderse, que pareciera que tenían una intención dolosa y que no caminaran como debieron haber caminado”, señaló.
Tras la reunión efectuada este miércoles entre autoridades estatales con la Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo AC, dijo que se busca extinguir ese tipo de corrupción.
Cuestionado si habrá un planteamiento al gobernador Julio Menchaca Salazar y a la Secretaría de Hacienda para dotar de apoyo económico a los municipios y enfrentar laudos, que suman 600 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el funcionario no refirió si los respaldan de esa manera.
Solo dijo que existe acompañamiento a algunos ediles que enfrentan demandas por despidos laborales.
Afirmó que se busca detectar si en los de juicios laborales se observan “las debidas formalidades” o si fueron procesos “solapados” o amañados por “los intervinientes”, para beneficiar a la parte acusadora.
Otra acción por la cual se puede responsabilizar a los ediles es la falta al deber legal cuando el servidor público, a sabiendas de la responsabilidad que tienen que atender, no etiqueten suficiente recurso para pagar.
También eso es una responsabilidad para el edil en turno”, puntualizó.
“El Código Penal del estado tiene tipo penales que sancionan esas conductas, no es de que cada quien pueda hacer lo que deseé aun cuando sea irregular y que no pasa nada. Ya hay un expresidente municipal por uno de esos delitos”, expuso.
Además, se refirió a la omisión y la desatención de analizar si un juicio laboral se puede revertir o evitar el daño al erario, lo cual también señaló como “complicidades”.
La propia ponente, la licenciada Valeria Paniagua (directora general) expresaba, no se trata de que ya, porque de pronto te encuentras con que hay un laudo lo inmediato es proceder a pagar. Espera, analiza, ve cómo se dieron las cosas y, a partir de ahí, determina alguna acción jurídica”, señaló, con referencia a la experiencia del alcalde de San Salvador, Norberto Martínez Cruz.
El edil, ante un laudo de 13 millones de pesos, pagó 7 millones de pesos al considerar que ya no se podría controvertir.
“Es lamentable que de pronto pues quizás, resultado de una suma de complicidades, el municipio se vea afectado. Todos los municipios de la entidad necesitan recursos. Imagínese que de pronto te desprendes de 7 millones de pesos para cubrir la deuda, como que no es así como tan sencillo, pero desgraciadamente no acudió el presidente municipal con nosotros”, señaló.
Olivares Reyna dijo que “ya es tiempo” de que ese tipo de corrupción “se extinga”.