En el 68 por ciento de las Áreas de Detención de los 84 municipios, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) detectó que existen “acciones y omisiones graves que resultan en violaciones a derechos humanos”.
Como parte del informe anual 2025 sobre las condiciones de esos lugares, denominados barandillas, el organismo presentó los resultados, por lo que en 57 de 84 municipios presentan una evaluación negativa.
Además, en 26 municipios predominan “deficiencias estructurales y de garantía de derechos”: Zempoala, Tulancingo, Tolcayuca, Tlanchinol, Tlanalapa, Tizayuca, Tepeji del Río, Tenango, San Agustín Tlaxiaca, San Agustín Metzquititlán, Progreso de Obregón, Pachuca, Pacula, Metepec, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Metztitlán, La Misión, Ixmiquilpan, Huichapan, El Arenal, Cuautepec, Apan, Alfajayucan y Agua Blanca.
En tanto, en Tlahuelilpan se presentan “condiciones operativas, administrativas y materiales que permiten garantizar de manera integral los derechos humanos”, según el informe.
Sobre el estado de fuerza, la CDHEH informó que 44 de las demarcaciones presentan un “insuficiente vigente Sistema de videovigilancia funcional”, pues el resguardo de almacenamiento es de 30 días.
Además, 53 municipios tienen infraestructura deficiente y deteriorada, con planchas de concreto con cobijas y sin colchonetas, junto a servicios sanitarios no funcionales.
“(Que) las autoridades implementen acciones estructurales y operativas inmediatas, orientadas a la rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones, el fortalecimiento de los servicios de salud, la garantía del derecho a la alimentación, la capacitación del personal y la formalización de protocolos, a fin de asegurar condiciones dignas de detención”, señala.
De igual forma, la CDHEH detectó que en 64 municipios no hay “personal médico adscrito, ni psicólogo, ni consultorio médico; y en otros 35 no hay la existencia de asignación presupuestaria para atender las áreas de detención municipal.
El organismo indicó en el documento que “resulta indispensable que las autoridades implementen acciones estructurales y operativas inmediatas, orientadas a la rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones, el fortalecimiento de los servicios de salud, la garantía del derecho a la alimentación, la capacitación del personal y la formalización de protocolos», para asegurar condiciones dignas de detención.
