Tras el veto emitido por el gobernador Julio Menchaca Salazar al decreto 483, que prohibe al Ejecutivo hacer reducciones presupuestales en programas para la equidad de género, prevención de la violencia a mujeres e infantes, contra la discriminación y en favor de la ciencia y tecnología, la administración estatal afirmó que la reforma no tomó en cuenta “alguna situación imprevisible” como la pandemia o desastres naturales que requiera la reorientación del gasto, por lo que la considera “operativamente no viable”.
Además de limitar las facultades del mandatario, señaló que la adición de un párrafo al artículo 60 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, avalada por el Congreso local en marzo pasado, tampoco consideró la posibilidad de una disminución en los ingresos durante un ejercicio fiscal, lo que implica que el Ejecutivo realice los ajustes al Presupuesto de Egresos “en términos del artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el cual procura no afectar los programas sociales.”
De acuerdo con la tarjeta informática del gobierno estatal, esa modificación “técnicamente” contraviene disposiciones de propia Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, pues el artículo 53 permite suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de recursos, mientras que la propuesta prohibía realizar deducciones, “generando con ello una contradicción que complicaría su aplicación”.
“No podrán realizar deducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y de cualquier forma de discriminación a las comunidades indígenas, al desarrollo de los jóvenes y a los programas de ciencia, tecnología e Innovación, salvo en los supuestos establecidos la presente ley, así como informar al Congreso”.
Dice el párrafo controvertido.
Según el Ejecutivo, el mismo artículo 60 de la ley permite realizar adecuaciones, condicionando que estas se lleven a cabo siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas.
Asimismo, aseguró que en el sistema de contrapesos “el veto es utilizado para observar algunos de los actos del Poder Legislativo”, por lo que se dijo “respetuoso” de la división de poderes y de su autonomía.
“El Congreso local tendrá la última palabra para aceptar o no las observaciones que se realizaron en el escrito de veto correspondiente”, expuso.
Editor general, reportero
