El contralor Álvaro Bardales Ramírez reconoció que la “Academia de canto” no ha funcionado para que exservidores públicos detenidos por el esquema de desvío de recursos de la pasada administración, denominado Estafa siniestra, señalen al superior jerárquico: el exgobernador Omar Fayad Meneses, por lo que hasta el momento no existen procesos penales en su contra.
Durante su comparecencia ante integrante de la LXVI Legislatura, el secretario dijo que de ese esquema de corrupción con recursos extraordinarios se detectó la distracción de 2 mil 400 millones de pesos, con 475 millones de pesos recuperados en dinero y bienes y 95 denuncias penales que incluyen procesos contra municipios, por lo que 25 personas sufrieron una acción judicial.
En su participación, el diputado de Morena Juan Pablo Escalante Urban cuestionó qué sanciones o procedimiento se tiene previstos en contra de Fayad Meneses, actual embajador de México en el Reino de Noruega, por la Estafa siniestra o por otro caso relacionado con el mal manejo de la cuenta pública.
“¿Por qué hay exfuncionarios denunciados por el maxiproceso y el exgobernador no? Primero, en Hidalgo la justicia no se hace por rumores o por presión política, ni por gritos en redes, la justicia se hace compruebas”, expuso el contralor a la pregunta del legislador.
Dijo que para denunciar a un exgobernador “no basta con suposiciones”, pues se requieren firmas y “evidencia irrefutable” que se pueda sostener ante los tribunales y no se caiga bajo la interposición de amparos.
“Esa es la ley y esa es la única forma de que quienes dañaron al estado realmente paguen”, dijo.
Afirmó que las autoridades están a la “espera de que ellos lo denuncien”, pues en este momento no cuenta con evidencias de órdenes, transferencias, testimonios ni criterios de oportunidad.
“Hasta ahora, todos los órganos encargados, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, las áreas especializas, la Contraloría, la Auditoría Superior (del estado) hemos confirmado algo que en este momento está: que nadie de los presuntos involucrados ha presentado una prueba o ha denunciado a sus superiores», dijo.
Bardales Ramírez también reconoció que el fracaso de la medida para que los exfunconarios involucrados colaboren con información sobre superiores involucrados: lo que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) planteó durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, exencargado de la institución: la “Academia de canto”.
“Ni la Academia del canto ha funcionado, y sin este vínculo directo de que un servidor público denuncie a sus superiores, no podemos presentar acusaciones, porque se nos van a caer en los tribunales”, añadió.
Insistió en que la responsabilidad penal “no se presume, se demuestra” con prueba y evidencias, “no se imagina”.
“Las leyes también señalan algo que a veces se olvida: la responsabilidad del gobierno está delegado por ley, no por la jerarquía política. ¿Quiénes son los responsables? Pues quienes hacen contratos, los que firman documentos, los que hacen transferencias”, añadió.
“Aquí no fabricamos culpables ni protegemos a nadie por conveniencia, aquí seguimos el rastro del papel, quién autorizó, quién firmó, quién transfirió, quién ejecutó. Nuestra labor es técnica, no mediática, y tiene un solo objetivo: encontrar al responsable y recuperar el dinero perdido”, aseveró.
Insistió en que ello no representa impunidad, sino un “proceso de investigación».
“Nadie está blindado, no tenemos ningún pacto. Si tenemos pruebas, el día que tengamos las pruebas, nosotros vamos a hacer los primeros en presentar las denuncias. No hay impunidad”, sostuvo
Sobre el caso del excontralor César Román Mora Velázquez, presunto artífice de la Estafa siniestra, según las indagatorias de la PGJH, detenido y luego detenido en Estado Unidos por cuestiones migratorias, el secretario dijo que cuenta con una Ficha Roja de la Interpol y debe presentarse a finales de enero por el recurso jurídico que allá interpuso, denominado habeas corpus, una espacie de amparo.
Indico que en Hidalgo los proceso legales en su contra siguen firmes, por lo que “no se ha perdido ningún derecho del estado a traerlo a rendir cuentas”.
“Cualquiera que tome un dinero púbico va a ser perseguido hasta el fin del mundo”, aseveró.
Actualmente, el único exfuncionario de primer nivel procesado y con sentencia por el caso es Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor de Fayad Meneses.
PIDEN TRAER A FAYAD
En tanto, el legislador priista Marco Antonio Mendoza Bustamante le dijo que los asuntos del estado eran competencia de Fayad Meneses, por lo que consideró que se le debe “mandar traer” a declarar.
“Yo sí creo que habría que mandar traer al señor embajador para que por lo menos diga ‘yo no di la instrucción’, porque de que él era el responsable de la administración pública, era responsable de la administración pública”, dijo
Afirmó que si el gobierno estatal no protege al exmandario, el federal sí, al haberlo designado embajador.
Al respecto, el contralor insistió en que no tiene alguna evidencia para “ir” contra el exgobernador.
En entrevista posterior, el secretario excusó no poder llamar a comparecer al exmandatario sin una denuncia o elementos, pues sería una acción ilegal.
DatoAcro
-El secretario dijo que 557 contratistas ha sido dados de baja, y se ha «privilegiado» a empresas locales para las obras; además, mil 207 registros de proveedores que incumplieron la norma, junta a 98 registros cancelados por cinco años.
Aseveró que en tres años “casi” se revirtió “un siglo de impunidad” en Hidalgo.