Para que los 84 municipios cuenten con procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con amplitud de atribuciones operativa y de gestión, diputados morenistas presentaron una iniciativa de reforma a cuatro leyes estatales.
En sesión de este viernes, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Andrés Velázquez Vázquez presentó en tribuna la propuesta suscrita junto con su compañera de bancada Lizbeth Iraís Ordaz Islas, para ampliar la red de atención en caso de maltrato y vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), así como para otorgar funciones de autoridad administrativa a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo.
“Se plantea la creación de procuradurías municipales de protección en cada uno de los 84 municipios de nuestro estado, concebidas como autoridades administrativas de primer contacto con autonomía técnica y cooperativa, con personal especializado en áreas como psicología, trabajo social, medicina, derecho y administración y con atribuciones claras para actuar de manera inmediata y categórica en caso de vulneración de derechos”, mencionó ante la presidenta del patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, quien acudió con el equipo de trabajo de la institución.
También, se pretende homologar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y nombrarla solo como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo.
“La indiferencia, la tardanza institucional, la apatía pueden marcarle la vida, frente a esa realidad la creación de procuradurías municipales se convierte en un mecanismo indispensable para ofrecer respuesta inmediata de manera coordinada y efectiva”, recalcó Velázquez Vázquez.
Las modificaciones pretendidas giran en torno a las leyes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Asistencia Social, Orgánica Municipal y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, todas del Estado de Hidalgo.
Entre los puntos, la propuesta señala que las procuradurías municipales podrán recibir reportes de posible vulneración de los derechos de NNA.
En tanto, la procuraduría estatal tendrá legitimación para actuar ante autoridades judiciales y proteger los derechos de la niñez conforme a la ley.
Además, coordinará a los entes municipales, estableciendo lineamientos y metodología para la atención de casos.
Añade que tendrá facultad de atracción de caso que está en manos de cualquier procuraduría municipal cuando, por su complejidad, transcendencia, impacto social, interés superior de la niñez o a propia petición de la instancia municipal, se estime necesario, con el fin de garantizar una adecuada protección y restitución de derechos.
La exposición de la propuesta estima un gasto anual de poco más de un millón y medio de pesos por institución municipal si estas son integradas por un titular, dos psicólogos, un licenciado en derecho, una trabajadora social, un médico, un auxiliar administrativo, así como material y papelería para oficina.
Agrega que mediante convocatoria pública se establecerá el proceso de selección de los encargados de las procuradurías locales. Para su ratificación, la persona idónea en ese proceso tendrá que ser aprobado por dos terceras partes de cada Cabildo.
La semana pasada, Vite Ramos afirmó que la cifra de menores de edad que llegan a reguardo de los centros de asistencia del Sistema DIF de Hidalgo por ser víctima de violencia familiar u otro tipo se ha incrementado, al pasar de entre 5 a 20 que se registraban anteriormente a 50.
“A mí la verdad sí me preocupa mucho. Estamos hablando de una desintegración familiar, de una falta de respeto, que es el principal de los valores. Algo está sucediendo, y de hecho lo estamos viendo, porque nosotros, nuestros centros de asistencia social, que antes teníamos 20 niños o 15, hoy rebasamos a veces los 50. Quiere decir que como sociedad estamos haciendo algo más”, expuso.
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