Tras ubicar a julio como el mes con más carpetas de investigación por homicidio doloso en una década, con 44 incidencias y 50 personas asesinadas, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) se retractó de la estadística e indicó que en realidad se iniciaron 27 denuncias, con 29 víctimas de ese delito.
En un comunicado, el ente que encabeza el encargado de despacho, Francisco Fernández Hasbun, emitió lo que calificó como una aclaración de los datos que mensualmente envía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuatro días después de que el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, pidió a su compañero de gabinete clarificar “las cifras reales”.
Según la explicación de la PGJH, de las 44 carpetas de investigación reportadas el mes pasado, 17 (con 21 víctimas)corresponden a hechos sucedidos en mayo y junio, en las que derivado de la investigación ministerial y dictámenes periciales se estableció la causa de muerte y se reclasificaron a homicidio doloso.
“Este ajuste responde al rigor técnico y a la obligación institucional de garantizar que la estadística refleje de manera precisa la naturaleza de cada hecho delictivo. Por ello, debe quedar claro que la cifra total de víctimas registrada en julio no significa un incremento en los homicidios ocurridos durante ese mes, sino la actualización de información correspondiente a meses anteriores”, aseveró.
Pese al ajuste de cifras, con 27 carpetas de investigación, julio se mantiene como el mes con más indagatorias por asesinato en Hidalgo en lo que va de 2025, a reserva de que la procuraduría especifique las cifras finales de mayo y junio, que tenían un subregistro en asesinatos.
La institución señaló que la precisión en el registro de datos “con claridad hacia la ciudadanía” es para evitar “interpretaciones que distorsionen la realidad” de la incidencia delictiva en Hidalgo.
“Esta aclaración ya ha sido manifestada ante el SESNSP y se verá reflejada en la estadística que publicará dicho organismo en septiembre próximo”, añadió la PGJH.
Ayer, el gobernador Julio Menchaca Salazar rechazó la existencia de una crisis de seguridad en la zona de Tula de Allende, donde las autoridades atribuyen la violencia y ejecuciones a la disputa por el control del robo de combustible y narcomenudo, pero indicó que se encuentra en “alerta amarilla”.
En ese municipio, en julio se registró el asesinato de un agente de investigación de la PGJH durante un operativo por un caso de secuestro. El homicidio fue atribuido por el Gabinete de Seguridad a una célula del grupo delictivo del H.
Este mes se reportan hechos otros violentos como la ejecución de cuatro personas en una vivienda en San Lorenzo y el asesinato de un hombre sobre la carretera Tula-Nantzha, a la altura de la antigua entrada a la colonia Alvarado.
